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domingo, 15 de mayo de 2016

LA NATURALEZA VÍCTIMA DE LA FUNDACIÓN NATURA Y USAID



León Gómez Charry, subdirector de Desarrollo Local de la Fundación Natura, destaca el convenio celebrado con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos -USAID- para la implementación del Plan Huila 2050 o Plan “cambio climático” cuya prioridad es la privatización del agua para “la demanda del consumo humano concentrada en los centros urbanos y las cabeceras municipales”, -enajenación de los acueductos comunitarios-,  “el suministro de riego para la producción agroindustrial” -ZIDRES- y, fundamentalmente, para “la generación de energía a través de represas a lo largo del eje hidroeléctrico sobre el río Magdalena”-Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena-

El Plan Huila 2050 está orientado a la reorganización del territorio para las corporaciones transnacionales, tales como, Endesa Enel, Emgesa, Emerald Energy, Pacífic Rubiales, Anglo Gold Ashanti, Estatal Hidrochina, con los  Proyectos de Interés Estratégico Nacional -PINES-para la extracción intensiva y apropiación privada de nuestros Bienes Naturales Comunes: los ríos, el Macizo Colombiano, las ciénagas, humedales, para la construcción de más represas, explotación petrolera utilizando fracking, agronegocios, a nombre del “cambio climático” como pretexto para la mercantilización de la naturaleza y la vida: El capitalismo Verde.



La Fundación Natura y USAID cumplen la función de promover los negocios empresariales y corporativos para la “reducción de los gases de efecto invernadero”, fortalecidos a partir de la COP21 de París que impuso la impronta privatizadora que garantiza al sector financiero tener  certeza  sobre  sus inversiones en  la   descontaminación   ambiental como lo exige la OCDE.

La  apuesta   de  los  grupos   financieros  transnacionales y los  Estados que los representan   por  los “mercados  verdes” es  fortalecer    el   sometimiento financiero   de  los  países  del  sur, desconociendo la  “responsabilidad    desigual”, en la contaminación ambiental y la “deuda ecológica” del  norte, ampliando  su circuito  de negocios mediante el  endeudamiento de los países periféricos.   La  COP 21   de  Naciones  Unidas  facilita  esta  pretensión   corporativa  al  ratificar  que  la   salida  a  la  actual   crisis  climática  obliga  a  una  transición  programada  hacia  el “capitalismo  verde” que promueven la Fundación Natura y USAID. 

La COP 21 fue una reunión en contra de la Justicia Ambiental. La discusión se redujo al  límite   de  dos  grados   centígrados   del  calentamiento  global  para  los  próximos  años   contra la crítica formulada por la  Red Internacional  de    Resistencia   a  la  Producción   Petrolera    denominada   Oil Watch,  “al  insistir  en  que  la  alternativa al  calentamiento  global es  la  de  no  extraer     combustibles  fósiles    del  subsuelo, al menos las 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón, opción que ya  la  vienen  implementando   “pueblos, naciones indígenas, regiones subnacionales o las localidades que dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos del subsuelo”.


Preocupa a los movimientos por la defensa de los territorios y la vida que en un posible pos-acuerdo “se entregue a las trasnacionales grandes porciones del territorio del país para proyectos extractivos debido a que las propuestas en términos ambientales del Plan Nacional de Desarrollo (2015 - 2018), corresponden a un modelo de economía verde sustentado en  la concepción mercantilista de la naturaleza como capital natural; supuestos esquemas de minería y energía sostenible con la participación de las comunidades; fortalecimiento institucional ambiental a partir de los ingresos obtenidos de Pagos por Servicios Ambientales -PSA- y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación –REDD”[1]; bajo el control corporativo que son las pretensiones reales del Plan Huila 2050 que avanza en Pitalito Huila en su ruta de cambio 2030, a nombre de la reducción de los gases de efecto invernadero.

Con la mercantilización de la naturaleza se profundiza su condición de víctima, no sólo por el conflicto armado, sino como “víctima del desarrollo” (ecocidio) contra la posibilidad de  armonizar sociedad naturaleza para el Buen Vivir.

La Fundación Natura, fue contratada por Emgesa para que con fundamento en un supuesto “estudio biótico” se modificara la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, estudio que fue incorporado como justificación de la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 mediante la cual se concretaron las pretensiones de Emgesa de reducir los costos por compensaciones ambientales y sociales contra la decisión  del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que improbó la conciliación extrajudicial, entre otras, porque no se “protegió la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales”.

La Fundación Natura contribuyó, además, a la certificación del Proyecto El Quimbo, como Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL- justificando que “tener que proporcionar una indemnización adecuada a la comunidad local y proteger el medio ambiente aumenta el costo del proyecto y disminuye la Tasa Interna de Retorno TIR”, desconociendo que las empresas tienen la obligación de promover el desarrollo sostenible y que proporcionar una compensación adecuada a las comunidades afectadas es parte integrante de este requisito.

Por sus buenos oficios Emgesa le otorgó a la Fundación Natura el contrato para el “Programa de Restauración y Compensación Ambiental”, para lavarle la cara sucia a la empresa que convirtió el Quimbo en un cementerio de árboles y en el peor ecocidio que haya vivido el Huila cuyos daños son irreparables.

Ahora a nombre del cambio climático aparece la Fundación Natura de mano de USAID y de Emgesa apoyada por los gobiernos, las corporaciones autónomas para ampliar el mejor negocio: la mercantilización de la naturaleza.


[1] http://censat.org/es/analisis/extractivismo-negociaciones-y-paz



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