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¡ASOQUIMBO EXIGE A LA JUSTICIA, GARANTÍAS PARA LA PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS AFECTADOS!

Observamos con preocupación el artículo publicado por el periodista Fernando Polo en el Diario la Nación el 29 de Julio del presente año, titulado “‘Falsos afectados de El Quimbo se las verán con la justicia’, en donde se reseña el evento realizado por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en el Hotel Chicalá de Neiva, en el que, participaron “(…) además de los asesores jurídicos de Emgesa, (…) jueces y magistrados huilenses, quienes coincidieron en que “la lluvia de tutelas” que se desprende del proceso puede congestionar la justicia del departamento”.
                        
No comprendemos cómo en un evento institucional de la rama judicial de Neiva, en el que las autoridades judiciales del Huila se están “preparando” ante la inminente “lluvia de tutelas”, el Ex Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, asesor jurídico de la multinacional Emgesa, y Andrés Caldas, gerente Jurídico de Emgesa, “ hacen parte de la capacitación”  para preparar a los jueces de acuerdo a  sus interpretaciones del cumplimiento de la Sentencia T-135 de 2013, mediada por los intereses económicos de la compañía, en ese sentido surgen  los siguientes interrogantes: ¿qué buscan con ello? ¿Imponer o infundir en nuestros togados la mirada de la Empresa? ¿Propagar el temor a los afectados para que no exijan sus derechos, acusándolos ahora de falsos afectados?  

La  constante violación  de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales por parte de Emgesa, la  transgresión de los derechos a la participación efectiva, libre e informada de las comunidades afectadas,  tal como lo ordeno la Sentencia T-135 de 2013  y la exclusión de las comunidades frente al proceso metodológico para la construcción del nuevo censo, son el mayor  incentivo a la posible avalancha de tutelas (14000 solicitudes), a la que se refiere la Empresa. Bajo estas condiciones, el ciudadano afectado tiene como  legítimo derecho hacer uso de los mecanismos de protección constitucionales para la exigibilidad de sus derechos fundamentales, especialmente, la acción de tutela.

Hasta el momento, las autoridades judiciales del Huila  no han  asumido una posición garantista de los derechos fundamentales de los afectados, es necesario recordar que  a  los afectados reconocidos por la Corte Constitucional  en la Sentencia T-135 de 2013, se les negó  el amparo de la acción de tutela en primera instancia; sin embargo, hacemos un llamado a las autoridades judiciales  a no ser inferiores frente al  reto histórico de garantizar  el restablecimiento de los derechos fundamentales de los afectados por el P.H. El Quimbo y de todos los afectados por el  desarrollo de la política minero energética de la región.


Las declaraciones del asesor jurídico y gerente jurídico de Emgesa al diario la Nación pretenden  infundir miedo a las actuales y futuras personas que soliciten  la inclusión en el censo. El uso del lenguaje por parte del periodista impone en el imaginario la idea de unos “falsos afectados” sin revisar integralmente  y en contexto la orden emitida por la corte constitucional de la realización de un nuevo censo; la participación mayoritaria de los representantes de Emgesa como  fuente dentro del artículo, limitan la información con el propósito de legitimar socialmente  su actuación delictiva al no acatar la Sentencia T-135 de 2013.  Esta situación constata lo denunciado por Asoquimbo ya que la metodología impuesta por Emgesa, y orientada por el equipo técnico del reconocido consultor Luis Jorge Garay para la  realización del nuevo censo, está determinada para excluir a los afectados por el P.H. El Quimbo.

Convocamos a permanecer en  resistencia, desobediencia civil y movilización social  por la defensa del territorio y las comunidades afectadas por la política minero-energética.



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