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lunes, 21 de noviembre de 2016

AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA LIDERES DE ASOQUIMBO

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón Huila mediante Boleta de Citación No. 2016-1450, citó a Audiencia de Solicitud de Preclusión, en proceso seguido en contra de Miller Dussán Calderón y Elsa Ardila Muñoz, el 9 de diciembre de 2016 a las 2 de la tarde.

Cabe recordar que en Audiencia realizada el 10 de agosto de 2016 en El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Gigante Huila, el Fiscal 21 de Garzón, Carlos Francisco Tovar formuló imputación por el supuesto delito de “obstrucción a vías públicas que afectan el orden público”, en referencia a las protestas sociales convocadas por el Comité Cívico en enero de 2012, debido a las afectaciones generadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de Emgesa y la explotación petrolera por la Emerald Energy.

El 27 de octubre de 2016 se realizó en Bogotá indagatoria a solicitud del apoderado Germán Romero donde los líderes de ASOQUIMBO Elsa Ardila y Miller Dussán  solicitaron archivar el expediente Radicado Fiscalía: 11001600049201201365 relacionado con supuesto delito de “obstrucción a vías públicas que afectan el orden público” por las razones expuestas en documento adjunto, entre otras, porque La Fiscalía 21 de Garzón imputó cargos sin considerar que la razón fundamental de las protestas sociales legítimas fue "la obstrucción de vías" por parte de Emgesa al destruir el Puente el Paso El Colegio, seis meses atrás de dicha protesta, con lo cual dejó incomunicado al suroccidente del Huila con graves consecuencias económicas y sociales, como se afirma en el Informe Técnico  de la Contraloría General de la República, donde se destaca que abrió indagaciones preliminares contra el MADS , la CAM y el INVIAS  a través de Autos No. 015 y 6-068-11 de 2011, justificando su determinación en que “se deriva de los análisis y visitas efectuadas (23 y 26 de agosto de 2011 y 19 y 21 de diciembre del mismo año) y dada la gravedad de las situaciones acontecidas que ponen en riesgo los recursos del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos del sector”.


Asoquimbo expresa que la convocatoria a Audiencia de Preclusión, además de los argumentos expuestos contra los intentos de judicialización, es producto del amplio reconocimiento por parte de organizaciones sociales y ambientales, de ONG, a nivel nacional e internacional, de instituciones del Estado y de la Comisión Internacional de JurIstas, de las justas protestas realizadas contra la construcción del PH El Quimbo y por la Defensa del Territorio y la Vida.

Lo anterior se confirmó, con la presencia de cerca de 3000 personas en la Audiencia Pública Ambiental, realizada el pasado 11 y 12 de noviembre, donde por unanimidad los participantes exigieron a la ANLA la suspensión inmediata de la Licencia Ambiental al PH El Quimbo con fundamento en los estudios técnico-científicos y los testimonios de las víctimas que reclaman del Estado la reparación integral de sus Derechos Económicos, Sociales, Ambientales y Culturales; la indemnización al Departamento por los daños causados y la creación de una Comisión de la Verdad como única garantía de no repetición del despojo, desplazamiento, ecocido y destrucción del patrimonio arqueológico que es común a todos los proyectos minero energéticos que se han impuesto en todas las regiones del país.

El 9 de diciembre de 2016 a partir de las 9 de la mañana, en el municipio de Garzón, Asoquimbo convoca a Asamblea General del Movimiento Regional por la Defensa del Territorio y la Vida con el objeto de evaluar la Audiencia Pública Ambiental, aprobar el Plan de Acción 2017 para continuar avanzando en la lucha por la moratoria de la política minero energética y un nuevo modelo soberano y autónomo y exigir la protección de los movimiento sociales y ambientales, sus líderes y el cese a la judicialización de las protestas sociales.

RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!!

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sábado, 5 de noviembre de 2016

LAS VÍCTIMAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO EXIGEN A LA ANLA SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL A EMGESA

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL 
Garzón, Huila 11 de Noviembre  

Foto: Planeta Paz. De izquierda a derecha Miller Dussán, Asoquimbo, Claudia González, Directora ANLA, Carlos Julio González, Gobernador del Huila

La Mesa Temática para la verificación, promoción, conservación del Medio Ambiente, el Agua y el Territorio, creada mediante el decreto 489 de 2016 de la Gobernación del Huila, integrada por organizaciones sociales como ASOQUIMBO, Movimiento Regional por la Defensa del Territorio y la Vida ¡Ríos Vivos!, Pastoral Social, organizaciones de  trabajadores, campesinos, docentes -ADIH-  estudiantes e indígenas -CRIHU- e instituciones gubernamentales, después de años de resistencia por la defensa del territorio, logró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- convocará a la Audiencia Pública Ambiental debido a los inocultables daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. 

La Audiencia se realizará  el 11 de noviembre en el municipio de Garzón, Huila, en el Centro Recreacional Manilla a partir de  las 8:A.M Se trata de la segunda audiencia convocada para evaluar un megaproyecto estratégico nacional y la primera para el caso de represas en Colombia. 

En este espacio  las víctimas del Quimbo y de los proyectos minero energéticos, exigirán a la ANLA la suspensión  de la Licencia Ambiental a Emgesa S.A, el cumplimiento de las compensaciones y del nuevo censo de afectados ordenado por la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional, la indemnización al departamento y a los municipios del Huila por los daños causados y la creación de una Comisión de la Verdad como única garantía de no repetición del despojo, desplazamiento, ecocido y destrucción del patrimonio arqueológico que es común a todos los proyectos minero energéticos que se han impuesto en todas las regiones del país.
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lunes, 29 de agosto de 2016

COMITÉ POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y DE LA VIDA DE ÍQUIRA EXIGE A LA ANLA DEROGATORIA DE LICENCIA AMBIENTAL A LA EMPRESA TELPICO


El 20 de Agosto del 2016 se movilizaron aproximadamente tres mil personas en el municipio de Íquira y el Comité por la defensa del Territorio de Ìquira informó del inicio de plantones pacíficos, a partir del 29 de Agosto exigiendo la instalación de una mesa de dialogo entre miembros del Comité, Representantes de la Mesa Agua, Ambiente y Territorio, el Gobernador del Huila y La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con el propósito de derogar la licencia ambiental a la empresa Telpico, mediante la cual se autorizó la perforación exploratoria que afecta la SERRANÍA DE LA HOCHA, EL NEVADO DEL HUILA, Y TODOS LOS AFLUENTES HÍDRICOS.


El Movimiento por la Defensa del Territorio y de la Vida y ASOQUIMBO, respaldan las exigencias del Comité por la defensa del Territorio de Ìquira y se comprometen a realizar acompañamiento para la instalación de la mesa de diálogo y acciones jurídicas que conduzcan a la derogatoria de la licencia ambiental.





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jueves, 18 de agosto de 2016

Incertidumbre frente a la Audiencia Publica Ambiental de seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

18 de agosto de 2016

(Foto Opanoticias)

La Asociación de Afectados por El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, expresa su preocupación por la incertidumbre que intencionalmente EMGESA y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- han generado en torno a la convocatoria de la Audiencia Pública Ambiental de seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Es de público conocimiento que el Gobierno Departamental del Huila en cumplimiento de decisiones de la Mesa Ambiente, Agua y Territorio, solicitó a la ANLA la convocatoria de la Audiencia Pública.

La Autoridad Ambiental mediante Auto 2997 del 11 dejulio de 2016 “ordenó la celebración de Audiencia Publica Ambiental de seguimiento respecto del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”  ante los preocupantes incumplimientos de las obligaciones contenidas dentro de la licencia ambiental, por cuanto cumple con todos los requisitos establecidos en el Decreto 330 de 2007, y demás normas concordantes, entre ellas, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 1°, numeral 12 y 72 de la Ley 99 de 1993.   


En el Auto 2997  se advierte que solo procede recurso de reposición contra el artículo segundo” que reza: La empresa EMGESA S.A .E.S.P, deberá cancelar por concepto de servicios de reunión informativa y Audiencia Pública Ambiental, la suma de SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS ($63.597.113), de conformidad con lo descrito en la parte considerativa del presente acto administrativo”.




Sin embargo, la empresa, el 29 de Julio, radicó recurso de reposición contra todas las consideraciones jurídicas expuestas en el Auto, bajo el supuesto de “falsa motivación” argumentando que sus actuaciones han estado amparadas en los autos de seguimiento y las resoluciones modificatorias de la licencia expedidas por la ANLA, razón por la cual ha cumplido con sus obligaciones y el Auto 2997 no puede intempestivamente cambiar la estabilidad de una decisión por cuanto sería una clara infracción a la confianza legítima, ocasionando un grave perjuicio a la compañía.

Además,  la empresa,  a través del auto, develó que se realizaron reuniones de “Alto Nivel” en las instalaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde la ANLA participó como actor fundamental, con el propósito de modificar el trazo de la vía perimetral, desconociendo lo establecido en la licencia ambiental y el debido proceso. 




Es claro que EMGESA  S.A E.S.P con recurso de reposición pretende que la ANLA invalide los motivos de convocatoria de la Audiencia Pública Ambiental para que esta no se realice  y dar por hecho que la empresa ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en la licencia ambiental conforme a las modificaciones autorizadas por la Autoridad Ambiental.

En tal sentido, hasta tanto la ANLA no resuelva el recurso de reposición interpuesto por EMGESA S.A E.S.P el Auto de convocatoria a la Audiencia no quedará en firme, es decir, no hay certeza de la realización de la misma.

Las anteriores circunstancias demuestran que no existe ninguna garantía de responder  a la crisis humanitaria generada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y menos aún, cuando es inocultable la connivencia entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y EMGESA S.A E.S.P para favorecer los intereses de la empresa.

ASOQUIMBO  ratifica que a la movilización social es la única garantía del restablecimiento de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales vulnerados por EMGESA y el ESTADO; razón por la cual exige al Gobierno Nacional la convocatoria a una mesa nacional con la participación de todos actores regionales  para definir las medidas de reparación y no repetición de todos daños causados a las víctimas del Quimbo y la región. 



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martes, 9 de agosto de 2016

¡ACOMPAÑAMOS A NUESTRO LIDER MILLER DUSSAN CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL EJERCICIO LEGÍTIMO A LA PROTESTA SOCIAL!



La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo- ASOQUIMBO- desde hace 8 años viene adelantando la defensa del territorio y los derechos de los afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Ha logrado desde su trabajo argumentado demostrar la gravedad de los impactos e incumplimientos generados por EMGESA S.A. E.S.P. al Departamento del Huila y  desde sus acciones ha cuestionado la política minero energética del país, exigiendo a su vez la construcción de una política soberana y autónoma  que responda a la necesidad reales de las comunidades y basada en las energías alternativas.

Actualmente, el representante legal de la Organización Miller Armín Dussán y  reconocido Profesor  e investigador de la Universidad Surcolombiana viene siendo objeto de judicialización, El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Gigante Huila citó al Profesor y la exdirectiva de Asouimbo Elsa Ardila Muñoz a Audiencia de Formulación de Imputación por el supuesto delito de “obstrucción a vías públicas que afectan el orden público", hecho que vulnera  el Derecho al Debido Proceso, a la Defensa y a la Libertad de nuestros compañeros;  razón por la cual se interpuso una acción de tutela exigiendo la garantia "efectiva de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y a la DEFENSA TÉCNICA y a ser escuchado previamente en el trámite de sustanciación penal y al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual es de CARÁCTER VINCULANTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO y sus instituciones judiciales "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "

La Audiencia esta programada   para  el miércoles 10 de agosto a las 8 y 30 de la mañana en el municipio de Gigante en el Juzgado Primero .

CONVOCAMOS A TODAS LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA QUE NOS ACOMPAÑEN A DEFENDER EL LEGITIMO DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL Y LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS. 

Más información: 3157702561


 Neiva, agosto 9 de 2016.
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domingo, 15 de mayo de 2016

LA NATURALEZA VÍCTIMA DE LA FUNDACIÓN NATURA Y USAID



León Gómez Charry, subdirector de Desarrollo Local de la Fundación Natura, destaca el convenio celebrado con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos -USAID- para la implementación del Plan Huila 2050 o Plan “cambio climático” cuya prioridad es la privatización del agua para “la demanda del consumo humano concentrada en los centros urbanos y las cabeceras municipales”, -enajenación de los acueductos comunitarios-,  “el suministro de riego para la producción agroindustrial” -ZIDRES- y, fundamentalmente, para “la generación de energía a través de represas a lo largo del eje hidroeléctrico sobre el río Magdalena”-Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena-

El Plan Huila 2050 está orientado a la reorganización del territorio para las corporaciones transnacionales, tales como, Endesa Enel, Emgesa, Emerald Energy, Pacífic Rubiales, Anglo Gold Ashanti, Estatal Hidrochina, con los  Proyectos de Interés Estratégico Nacional -PINES-para la extracción intensiva y apropiación privada de nuestros Bienes Naturales Comunes: los ríos, el Macizo Colombiano, las ciénagas, humedales, para la construcción de más represas, explotación petrolera utilizando fracking, agronegocios, a nombre del “cambio climático” como pretexto para la mercantilización de la naturaleza y la vida: El capitalismo Verde.



La Fundación Natura y USAID cumplen la función de promover los negocios empresariales y corporativos para la “reducción de los gases de efecto invernadero”, fortalecidos a partir de la COP21 de París que impuso la impronta privatizadora que garantiza al sector financiero tener  certeza  sobre  sus inversiones en  la   descontaminación   ambiental como lo exige la OCDE.

La  apuesta   de  los  grupos   financieros  transnacionales y los  Estados que los representan   por  los “mercados  verdes” es  fortalecer    el   sometimiento financiero   de  los  países  del  sur, desconociendo la  “responsabilidad    desigual”, en la contaminación ambiental y la “deuda ecológica” del  norte, ampliando  su circuito  de negocios mediante el  endeudamiento de los países periféricos.   La  COP 21   de  Naciones  Unidas  facilita  esta  pretensión   corporativa  al  ratificar  que  la   salida  a  la  actual   crisis  climática  obliga  a  una  transición  programada  hacia  el “capitalismo  verde” que promueven la Fundación Natura y USAID. 

La COP 21 fue una reunión en contra de la Justicia Ambiental. La discusión se redujo al  límite   de  dos  grados   centígrados   del  calentamiento  global  para  los  próximos  años   contra la crítica formulada por la  Red Internacional  de    Resistencia   a  la  Producción   Petrolera    denominada   Oil Watch,  “al  insistir  en  que  la  alternativa al  calentamiento  global es  la  de  no  extraer     combustibles  fósiles    del  subsuelo, al menos las 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón, opción que ya  la  vienen  implementando   “pueblos, naciones indígenas, regiones subnacionales o las localidades que dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos del subsuelo”.


Preocupa a los movimientos por la defensa de los territorios y la vida que en un posible pos-acuerdo “se entregue a las trasnacionales grandes porciones del territorio del país para proyectos extractivos debido a que las propuestas en términos ambientales del Plan Nacional de Desarrollo (2015 - 2018), corresponden a un modelo de economía verde sustentado en  la concepción mercantilista de la naturaleza como capital natural; supuestos esquemas de minería y energía sostenible con la participación de las comunidades; fortalecimiento institucional ambiental a partir de los ingresos obtenidos de Pagos por Servicios Ambientales -PSA- y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación –REDD”[1]; bajo el control corporativo que son las pretensiones reales del Plan Huila 2050 que avanza en Pitalito Huila en su ruta de cambio 2030, a nombre de la reducción de los gases de efecto invernadero.

Con la mercantilización de la naturaleza se profundiza su condición de víctima, no sólo por el conflicto armado, sino como “víctima del desarrollo” (ecocidio) contra la posibilidad de  armonizar sociedad naturaleza para el Buen Vivir.

La Fundación Natura, fue contratada por Emgesa para que con fundamento en un supuesto “estudio biótico” se modificara la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, estudio que fue incorporado como justificación de la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 mediante la cual se concretaron las pretensiones de Emgesa de reducir los costos por compensaciones ambientales y sociales contra la decisión  del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que improbó la conciliación extrajudicial, entre otras, porque no se “protegió la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales”.

La Fundación Natura contribuyó, además, a la certificación del Proyecto El Quimbo, como Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL- justificando que “tener que proporcionar una indemnización adecuada a la comunidad local y proteger el medio ambiente aumenta el costo del proyecto y disminuye la Tasa Interna de Retorno TIR”, desconociendo que las empresas tienen la obligación de promover el desarrollo sostenible y que proporcionar una compensación adecuada a las comunidades afectadas es parte integrante de este requisito.

Por sus buenos oficios Emgesa le otorgó a la Fundación Natura el contrato para el “Programa de Restauración y Compensación Ambiental”, para lavarle la cara sucia a la empresa que convirtió el Quimbo en un cementerio de árboles y en el peor ecocidio que haya vivido el Huila cuyos daños son irreparables.

Ahora a nombre del cambio climático aparece la Fundación Natura de mano de USAID y de Emgesa apoyada por los gobiernos, las corporaciones autónomas para ampliar el mejor negocio: la mercantilización de la naturaleza.


[1] http://censat.org/es/analisis/extractivismo-negociaciones-y-paz



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sábado, 14 de mayo de 2016

Informe de Misión CIJ: El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.



Entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ)[1] visitó la República de Colombia y se desplazó a la zona donde se ha venido desarrollando el proyecto hidrológico de El Quimbo, en el Departamento del Huila. En desarrollo de la misma se visitó el Municipio de Garzón, el reasentamiento de La Montea (Municipio de Gigante) y el área donde fue desmantelada la Capilla de San José de Belén (Municipio del Agrado). Para la preparación de la Misión, la CIJ encargó una consultoría que permitiera a los integrantes tener una visión de conjunto del contexto y de los hechos, que les permitiera efectuar las verificaciones correspondientes. El objetivo de la Misión fue observar sobre el terreno el respeto y cumplimiento por parte del Estado de los estándares internacionales sobre el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos – y en particular los Desc - de las comunidades afectadas y conocer, en la medida de lo posible, el comportamiento de la empresas responsable del proyecto frente a las denuncias y reclamos de la población afectada.

Este informe se realizó bajo la coordinación de Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), encargada del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Federico Andreu-Guzmán estuvo a cargo de la revisión jurídica. La corrección de estilo fue realizada por Hernando Salazar Palacio. Diana Salamanca asistió en su producción.


Entre las conclusiones se resalta: 

“Sorprende que se haya decidido autorizar la construcción del proyecto hidrológico de El Quimbo en una zona de reserva forestal protectora de la amazonia.
Resulta difícil entender que el mero cambio de gobierno, hubiera significado un cambio tal de condiciones ambientales de la zona, que hubiera permitido considerar viable lo que siete años antes no lo era. Para aceptar que el proyecto “no afectaría la producción agropecuaria del departamento y la seguridad alimentaria”, se requería una muy clara sustentación que demostrara una de dos eventualidades: que las condiciones habían cambiado radicalmente, o, que el estudio de 1997 estaba errado. No se hizo, lo que significó ir contra los actos propios y el principio de la buena fe.
Los hechos constatados por la Misión demuestran lo contrario. Prácticamente desapareció la pesca y la seguridad alimentaria se ha visto amenazada más allá del ámbito directo de los seis municipios impactados. Los productos se encarecieron en todo el departamento del Huila y la oferta disminuyó.
Es cierto que la legislación colombiana en materia ambiental es precaria y se ha ido ajustando para facilitar la presencia de explotaciones con capital extranjero. Asimismo es verdad que la telaraña de entidades que tienen injerencia en esta materia a veces genera conflictos de entendimiento entre ellas y todas las cuestiones son finalmente decididas por la autoridad política: el Ministerio de Ambiente.
Quedó claro para la Misión que el tema de Derechos Humanos está ausente de las decisiones que se toman por las autoridades de los ministerios de minas, agricultura y ambiente.
Concluye con preocupación que en la acción de la fuerza pública contra la protesta social ha habido episodios de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
La Misión ha llegado a la convicción de que la Empresa Emgesa ha abusado del velo corporativo, para manejar con opacidad la información necesaria para que los afectados puedan participar en las decisiones. Además, ha usado subterfugios para no cumplir las decisiones judiciales que la afectan.
Es claro que en ninguna de las etapas se permitió una efectiva participación plenamente informada, como lo constató la Corte Constitucional.
La Misión concluye que los procesos de adquisición de predios se hicieron con abuso de la posición dominante de Emgesa, incluso los procesos judiciales de expropiación, lo que convierte tales procesos – los directos y los judiciales – en verdaderos despojos. En ambos casos, los afectados carecieron de asistencia técnica.
Respecto a la demolición de la Capilla de San José de Belén, concluye que es de una parte una violación de los derechos culturales de la población de la vereda, una agresión al respeto por las creencias y prácticas religiosas, y por otra un daño irremediable a un bien de valor e interés cultural.
No puede la Misión dejar de señalar la irresponsabilidad que supone la inexistencia de un plan efectivo y públicamente conocido de contingencia en caso de eventuales desastres, máxime cuando está claro que el proyecto hidrológico de El Quimbo está en una zona de alto riesgo sísmico.
Finalmente, concluye que Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.





[1] La Comisión Internacional de Juristas busca asegurar el desarrollo progresivo y la aplicación efectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, asegurar los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, la salvaguardia de la separación de los poderes, y la garantía de la independencia de la judicatura y de la profesión legal.

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