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viernes, 1 de septiembre de 2017

ENCUENTRO NACIONAL EXTRACTIVISMO Y AUTONOMIA TERRITORIAL

Neiva Huila, 15 y 16 de septiembre de 2017


Los procesos de resistencia contra el modelo neoliberal extractivista minero energético expresados en Movilizaciones Sociales, Consultas Populares y Acuerdos Municipales por la Defensa de los Territorios y el Patrimonio Ecológico han develado una vez más el carácter corporativo del Estado Colombiano que pretende liquidar la participación de las comunidades y las competencias de los entes territoriales “para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera. (art. 2 Sentencia 445/16 de la Corte Constitucional).

A raíz de las Consultas Populares de los municipios de Piedras y Cajamarca (Tolima), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Quindio) y los Acuerdos Municipales de Pitalito, San Agustín, Timaná, Oporapa, Elias, Altamira, El Agrado y Saladoblanco en el Huila, Jericó y Támesis en Antioquia y Doncello en El Caquetá prohibiendo la minería a gran escala, la exploración y/o explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales y las hidroeléctricas en sus territorios, el Gobierno Nacional ha anunciado la presentación de una Ley al Congreso que garantice la seguridad jurídica y mayores exenciones tributarias para la inversión y acumulación de capital por parte de las empresas transnacionales a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (represas, fracking, minería, agronegocios, infraestructura) despojando a comunidades de sus territorios y destruyendo el Patrimonio ecológico y cultural de la Nación.
El gobierno ha iniciado una ofensiva mediática contra las decisiones de las comunidades no solo desconociendo la Constitución Política y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional sino los estudios que han demostrado que las actividades minero energéticas afectan de manera grave e irreversible la estructura ecológica principal, en sus componentes de suelo, agua, biodiversidad, paisaje, e inciden negativamente en el cambio climático y en la generación de riesgos, tanto a las vidas humanas, como a la infraestructura vial y de servicios públicos de los municipios, tal y como ha quedado demostrado en los cuatro libros de la Serie Minería en Colombia, publicados entre 2013 y 2014 por la Contraloría General de la República, en las investigaciones adelantadas por PAX Colombia, “El Lado oscuro del Carbón”, el Centro de Memoria Histórica “La maldita Tierra”, el Informe Represas y Desarrollo   la Comisión Mundial de Represas, que plantea que “las grandes represas han alterado significativamente muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos destructivos, duraderos en los medios de vida y las manifestaciones socioculturales de decenas de millones de personas que viven en estas regiones y, en muchos casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas”, en las Sentencias C-339/02, T-154/13, T-135/13, C-123/14, T-766/15, C-035/16, C-389/16, T-445/16, T-704/16 y T- 622/16 de la Corte Constitucional, entre otras.
De igual manera, el Gobierno a nombre de los Acuerdos de la Habana viene expidiendo Decretos, entre otros,  sobre Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PDET) y Pagos por Servicios Ambientales -PSA- que es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación, colonizando el clima mediante la mercantilización de la naturaleza como son los ciclos del agua y del carbono, al servicio de las transnacionales y del capital financiero internacional. El Ambiente sano es un derecho no un servicio. Se trata de Bienes Naturales Comunes Comunitarios como el agua y la biodiversidad natural y genética. No pueden ser objetos de mercado.
El Encuentro es un espacio de intercambio de experiencias de movilización, consultas populares, acuerdos municipales contra las actividades extractivas y de búsqueda de consensos de articulación y estrategias de movilización social para la defensa del poder Territorial Autónomo y Soberano y el Patrimonio Ecológico para impedir que las corporaciones transnacionales y el Estado continuen invadiendo nuestros territorios para hacer negocios sucios como los de Odebrecht que son apoyados desde entes como la Fiscalía demostrando que extractivismo, despojo, ecocidio, corrupción, judicialización de Defensores de Derechos Humanos y del Ambiente y asesinatos de líderes sociales, están asociados.

Objetivo: Construir una Agenda Común y definir estrategias de movilización por la Defensa del Poder Territorial Popular contra el modelo neoliberal extractivista.
Lugar: Neiva, Salón Auditorio “Olga Tony Vidales” Universidad Surcolombiana. Avenida Pastrana, Carrera 1ª.


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domingo, 20 de agosto de 2017

¿FRACKING BIEN REGULADO?


                                           Foto ACIPET Capítulo Estudiantil Huila

El 14 de agosto de 2017, durante la Clase Magistral sobre el Fracking, denominada “Agua sí, petróleo también” dictada por el PHD en Ingeniería Freddy Escobar, profesor titular de la Universidad Surcolombiana, el profesor Miller Dussán de Asoquimbo, invitado cordialmente por el profesor Escobar, en su intervención se refirió a los siguientes aspectos:

1.- Derecho de Petición: El rector de la Universidad Nacional no respondió conforme a la Ley el Derecho de Petición de ASOQUIMBO para que se convocara un debate sobre el Papel de la Universidad Pública frente al extractivismo teniendo en cuenta, entre otras razones, que “La Corte Constitucional ha relatado en su más reciente jurisprudencia sobre el modelo extractivo, especialmente el minero, profundas falencias que interpelan a la Universidad Pública en tanto la política actualmente vigente tiene un sesgo anti-comunitario y pro-empresarial que se traduce, entre otros aspectos, en el poco o ausencia de apoyo experto a las comunidades y autoridades territoriales para la toma de decisiones debidamente informadas especialmente en lo que atañe al principio de precaución”.  El extractivismo en Colombia, particularmente minero y petrolero, son centrales en el modelo de desarrollo planteado desde el Estado para el país y es necesario, tal como lo ha requerido la Corte Constitucional, que haya estudios que “definan no solamente los potenciales en cuanto a contenidos de materiales de interés, sino también los impactos sociales, ambientales, culturales y espirituales que pueden darse en su desarrollo”.

2.- Lo que dicen las investigaciones. Investigaciones han demostrado que las actividades mineras afectan de manera grave e irreversible la estructura ecológica principal, en sus componentes de suelo, agua, biodiversidad, paisaje, e inciden negativamente en el cambio climático y en la generación de riesgos, tanto a las vidas humanas, como a la infraestructura vial y de servicios públicos de los municipios. Lo anterior se fundamenta en la Serie Minería en Colombia, publicados entre 2013 y 2014 por la Contraloría General de la República, en las investigaciones adelantadas por PAX Colombia, “El Lado oscuro del Carbón”, el Centro de Memoria Histórica “La maldita Tierra”, en las Sentencias C-339/02, T-154/13, T-135/13, C-123/14, T-766/15, C-035/16, C-389/16, T-445/16, T-704/16 de la Corte Constitucional, entre otras.

La Sentencia 445/16 sobre el principio de Autonomía Territorial expresa  que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”. De igual manera ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República que “conformen una mesa de trabajo interinstitucional, a la cual podrán vincular más entidades y miembros de la sociedad civil, con el objeto de construir una investigación científica y sociológica en el cual se identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio Colombiano”.

En la Sentencia T-135/13 la Corte advierte que “es pertinente indicar que, ante el enorme impacto de las represas sobre las personas debería llevar, en algún momento no muy lejano, a quienes toman las decisiones de políticas públicas en esta materia a plantear otras opciones que destaca la Comisión para Represas que incluyen la biomasa, la energía eólica, solar, geotérmica, energía del océano y la cogeneración”

3.- Entrevista al Doctor  Jean Claude Roegiers. Publicada por el profesor Escobar como referente técnico para “demostrar” que el fracking “no genera afectaciones ambientales si se hace bien hecho”. El profesor Dussán expresó que al escuchar la entrevista al Dr. Emérito de la Universidad de Oklahoma sobre el fracking, destacó que hizo mérito al uso exclusivo del conocimiento técnico y de su experiencia investigativa en torno al fracturamiento hidráulico sin establecer ninguna relación con las decisiones que en materia de política de hidrocarburos toman los estados ni las formas como las empresas promueven mediáticamente sus discursos del “progreso y el desarrollo” a nombre del rigor científico para justificar la “confianza inversionista” y la utilidad pública de sus negocios acusando a los demás  de desinformar o responder a intereses extraños.

La entrevista, realmente  permite concluir que hay que destruir el mito del supuesto rigor técnico y aceptar los riesgos y las incertidumbres que generan la implementación de cualquier tecnología pero también reconocer los argumentos de otras comunidades científicas, en este caso de la Universidad de Cornell sobre el fracking.

Cuando se le pregunta al Dr. Roegiers ¿Hay controversia en la comunidad científica debido al fracturamiento hidráulico?. Respondió: Como se sabe ha habido grandes discusiones acerca de parar completamente el fracturamiento hidráulico principalmente en la parte noreste de EUA donde el fracturamiento hidráulico no es tolerado por restricciones gubernamentales. Hay un grupo en contra y están ubicados en la Universidad de Cornell y si se les pregunta cuál es la razón para prohibirlo, van a responder rápidamente que el problema es de infraestructura y tienen ejemplos en Dakota del norte en este tiempo en que hay zonas que han identificado como productoras que con fracturamiento hidráulico van a producir buena cantidad de gas pero que la infraestructura es tal que necesitan traer 40.000 personas a esas villas. Eso significa que la infraestructura de vías, electricidad, vivienda, etc, es un problema que necesita resolverse y que cuando se hace el planeamiento se deben resolver antes de empezar la producción”.

Sin embargo, “Anthony Ingraffea, director del grupo de Investigaciones Medios Fracturados de la Universidad de Cornell, una de las principales del mundo en ingeniería y geología, consultor del sector petrolero en Colombia durante 20 años, hasta el 2002, una de las voces autorizadas que tiene centenas de publicaciones sobre los medios fracturados, dice que “la incertidumbre en el fracturamiento hidráulico de rocas es altísima y que el 5 por ciento de los pozos cementados en Estados Unidos falla el primer año. Las fallas en la cementación, que es una de las estrategias para evitar la contaminación de acuíferos, se está dando en Estados Unidos. Es un porcentaje altísimo”. En una entrevista a BBC Mundo, el Dr. Ingraffea expresó que "las mejores prácticas operacionales sólo pueden minimizar riesgos, no eliminarlos", y agregó que "aún hoy vemos que al menos el 5% de los nuevos pozos que están siendo construidos en Estados Unidos tienen fugas de metano". “Ingraffea también señaló que las recientes inundaciones en Colorado dejaron en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura de la industria del fracking”. Como se puede observar, la razón para prohibir el fracking en Estados Unidos no se reduce a problemas de infraestructura.

La Investigadora del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo en Fundar, Auroa de la Fuente López, sostiene que “en su discurso, las autoridades públicas nos dicen que, bien regulada, se evitarán los daños de esta técnica sobre las poblaciones, el ambiente y el clima y, se promoverá un uso ‘responsable’. Sin embargo, la realidad es muy diferente ya que el fracking no puede ser regulado. Como señalan Eduardo D'Elia y Roberto Ochandio, ingenieros petroleros con larga experiencia en este sector, se trata de una técnica experimental. Lo que significa que, a pesar del monitoreo en superficie para controlar la evolución de las fracturas, no se puede evitar que alcancen zonas porosas y permeables, por fuera de la formación a fracturar”. La investigadora hace referencia a la  revisión realizada en 2015 por las asociaciones Concerned Health Porfessionals de Nueva York y Physicians for Social Responsability de los estudios realizados por la industria, así como de análisis independientes, indica que, “con los materiales y la tecnología que están disponibles en este momento, no pueden evitarse los problemas de ingeniería inherentes a este método; los cuales incluyen sismos antropogénicos, fugas de metano y deterioro del revestimiento y la cementación de pozos”. Agrega que “asimismo, su examen de la literatura médica y de salud pública avalada por expertos y expertas no encontró pruebas de que la fractura hidráulica pueda llevarse a cabo de forma que no amenace la salud humana. Con base en esta evidencia, ese mismo año el estado de Nueva York prohibió el fracking en su territorio, con el objetivo de proteger la salud de la población, el agua y el ambiente”.

Alemania, Francia, Bulgaria, Irlanda del Norte, Países Bajos han prohibido esta técnica de extracción de hidrocarburos o han establecido moratorias, basados en el principio de Precaución y en los riesgos ambientales y de salud asociados.

Julio Fierro, geólogo y consultor, profesor de la Universidad Nacional en entrevista al periódico el Tiempo expresa que "Tenemos unas condiciones geológicas absolutamente diferenciadas, que no conocemos bien. No tenemos el nivel de conocimiento en temas geológicos, hidrogeológicos y de sismicidad que tienen en Estados Unidos".

Frente a la incertidumbre se recurre al principio de precaución. Al preguntarle al Geólogo Fierro ¿Qué diferencia a los yacimientos de Estados Unidos de los de Colombia? “Ellos están en una zona que se levantan sin mucho apilamiento de corteza, y en toda la zona andina e interandina no fue esa la formación de nuestras rocas. Estamos chuzando partes muy altas de los Andes, como el pozo entre Guasca y Junín (Cundinamarca), y ante estas particularidades creo que se está faltando al principio de precaución, de prevención; no tenemos el conocimiento suficiente y no hay una base técnica que permita hablar de una reglamentación adecuada a Colombia”.

4.- El contexto de la discusión en Colombia: Portafolio informó que  el Gobierno Nacional buscaría evitar que las consultas populares sigan frenando la operación de proyectos productivos de minería y petróleo a través de una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT).

La esencia de las Consultas Populares y de los Acuerdos Municipales de Piedras y Cajamarca (Tolima), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Quindio) y los Acuerdos Municipales de Pitalito, San Agustín, Timaná, Oporapa, Elias, Altamira, El Agrado y Saladoblanco en el Huila, Jericó y Támesis en Antioquia y Doncello en El Caquetá ha sido la prohibición de la minería a gran escala, la exploración y/o explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales y las hidroeléctricas en sus territorios en defensa del Patrimonio Ecológico, la Seguridad Alimentaria y los Proyectos de Vida de campesinos, indígenas, afros, entre otros.
Con la reforma a la LOOT se pretende liquidar estos espacios de participación ciudadana y las competencias de los entes territoriales reconocidas por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, entre otras, la Sentencia T-445/13 que en su artículo 2 expresa que dichos competencias son “para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.

La propuesta para liquidar la participación ciudadana es “minería si pero bien hecha”, institucionalizando las coimas definidas como  “beneficio económico adicional”, o dádivas que se entregan a entes territoriales para que aprueben los proyectos minero-energéticos previamente decididos como de “interés nacional y estratégico”, al servicio de las corporaciones transnacionales privadas que “pagarán a los municipios un canon de arrendamiento para que puedan hacer uso del suelo con el fin de acceder a la producción del subsuelo”, es decir, para despojar a las comunidades y destruir el Patrimonio Ecológico.

La institucionalización de los sobornos para continuar con la entrega de los territorios a las trasnacionales garantizando “la confianza inversionista”, para hacer negocios sucios, es otra forma de profundizar la corrupción desde lo local, donde las empresas ya no serán objeto de investigación como en el caso de Odebrecht y alcaldes, concejales y jueces se sentirán estimulados para ordenar desalojos con entrega anticipada de predios en cumplimiento de amparos policivos solicitados por la empresas y cobrar “la coima de arrendamiento”.

5.- ¿Fracking para qué, para quién y a qué costo? La discusión hoy es más profunda. Se refiere al modelo extractivista, fiananciarista por despojo, es decir, la acumulación de capital, de mayor rentabilidad a partir del control territorial por las corporaciones transnacionales a quienes se les adjudican los proyectos minero energéticos con exenciones tributarias, cargos por confiabilidad, flexibilización laboral y en la mayoría de los casos a través de sobornos (Anglo Gold Ashanti, Odebrecht, Endesa Emgesa)

En tal sentido, se trata de construir alternativas a la actual política minero energética que pasa por la discusión sobre la “transición energética” que implica superar el modelo centrado en la cultura fósil y en la hidroelectricidad principales responsables de la crisis climática, rechazando de antemano las soluciones que se plantean desde el mercado como el Fondo “BreakthroughEnergy Ventures” (BEV) creado por Bill Gates que cuenta entre sus inversionistas con Jeff Bezos, el jefe y fundador de Amazon; el financista George Soros, el británico Richard Branson, creador de Virgin; y Mark Zuckerberg, fundador y director de Facebook.

Las propuestas alternativas que se vienen construyendo y que serán objeto de debate en el  Encuentro “Extractivismo y Autonomía Territorial” a realizarse  el 15 y el 16 de septiembre en la USCO Neiva son, entre otras.

1.- Construir un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, geotérmica y la cogeneración (Sentencia T-135/13 Corte Constitucional) que no afecten los derechos fundamentales individuales y colectivos y, especialmente, el ambiente sano. Implica la moratoria de la política minero energética (Estudios de la CGR y Sentencias de la Corte Constitucional) y ejercer colectivamente las funciones y competencias de los entes territoriales para decidir sobre el uso del suelo como lo establece la Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional.

2.- Creación de un FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica en nuevas alternativas que sustituyan la energía fósil y las hidroeléctricas generadoras de Gases de Efecto Invernadero que explican en lo fundamental el fenómeno del calentamiento global.

4.- Reconocimiento del agua como derecho fundamental, al ser un Bien Natural Común y Público para el consumo humano, la Soberanía y Autonomía Alimentaria con el impulso de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, la protección de la pesca y minería artesanales, la agroecología, la permacultura, la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas, declaradas de utilidad pública e interés social de la Nación y el estímulo a los Pequeños Productores de Café, Arroz, Algodón, etc, contra los Tratados de Libre Comercio.


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miércoles, 9 de agosto de 2017

MAESTRO MILLER DUSSÁN A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

DEFENSORES DEL TERRITORIO es la expresión ecosocial del Movimiento Regional por la Defensa de los Territorios y la Vida que inició el proceso de resistencia desde hace 10 años contra el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de Emgesa-Endesa-Enel y que ha logrado detener los proyectos minero energéticos (represas., Pequeñas Centrales Hidroeléctricas y fracking) en el Departamento del Huila, no solo a través de las acciones de movilización social sino impulsando Acuerdos Municipales que han prohibido la Megaminería en 9 municipios para proteger el Patrimonio Ecológico.


Después de Consultas Populares como la realizada el 5 de agosto con los pescadores de Hobo y el 6, al concluir la Asamblea de Asoquimbo en Garzón Huila las y los participantes expresaran su respaldo al Programa y la candidatura del Maestro Miller Dussán Calderón a la Cámara de representantes por el Huila con fundamento en el principio democrático según el cual sólo se realizará la inscripción previo a la decisión de las comunidades, destacando las voces de quienes provienen de la resistencia en defensa de los territorios y la Vida.


Los participantes estuvieron de acuerdo en sugerir la inscripción de la candidatura por firmas con el nombre DEFENSORES DEL TERRITORIO para fortalecer el Programa que se ha venido construyendo y desarrollando desde los movimientos de resistencia por la Defensa del Territorio, el Agua y la Vida:

1.- Construcción del Poder Territorial, Autónomo y Soberano fortaleciendo las Consultas Populares y Acuerdos Municipales contra el extractivismo, despojo, ecocidio, corrupción, judicialización y asesinatos de líderes socioambientales y por la Defensa de nuestro Patrimonio Ecológico y Cultural.

2.- El cambio del modelo neoliberal, extractivista por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades, sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, geotérmica y la cogeneración (Sentencia T-135/13 Corte Constitucional) que no afecten los derechos fundamentales individuales y colectivos y, especialmente, el ambiente sano. Implica la moratoria de la política minero energética y ejercer colectivamente las funciones y competencias de los entes territoriales para decidir sobre el uso del suelo como lo establece la Sentencia T-445/16 de la Corte Constitucional.

3.- Creación de un FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica en nuevas alternativas que sustituyan la energía fósil y las hidroeléctricas generadoras de Gases de Efecto Invernadero que explican en lo fundamental el fenómeno del calentamiento global.

4.- Reconocimiento del agua como derecho fundamental, al ser un Bien Natural Común y Público para el consumo humano, la Soberanía y Autonomía Alimentaria con el impulso de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, la protección de la pesca y minería artesanales, la agroecología, la permacultura, la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas, declaradas de utilidad pública e interés social de la Nación y el estímulo a los Pequeños Productores de Café, Arroz, Algodón, etc, contra los Tratados de Libre Comercio

5.- La aprobación de todos los Estatutos Orgánicos para la garantía efectiva de los Derechos al Trabajo Digno, a la Educación y Salud Públicas, a la Vivienda y a un Ambiente Sano.

6.- Defensa de las organizaciones de las mujeres por la equidad de género, los LGTBI y protectoras de los animales.

7.- Participar en la construcción de la Paz con Justicia Socioambiental para el Buen Vivir contra la paz corporativa extractivista neoliberal que se viene imponiendo a través de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos y de las ZIDRES.


DEFENSORES DEL TERRITORIO convocan a las y los ciudadanos que compartan el Programa a respaldarlo con su firma y posteriormente con su voto como un compromiso real con la Defensa de nuestro Territorio. 

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miércoles, 8 de febrero de 2017

AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN: NO HUBO VIOLENCIA NI DELITO, SE MATERIALIZÓ UN DERECHO CONSTITUCIONAL: LA PROTESTA SOCIAL.

(De izquierda a derecha: Germán Romero -Abogado de ASOQUIMBO, Elsa Ardila Muñoz  y Miller Armín Dussán Calderon).
El 6 de Febrero de 2016 se realizó en el Palacio de Justicia de Garzón, la Audiencia de preclusión de la investigación contra Miller Armín Dussán Calderón y Elsa Ardila Muñoz por el presunto delito de “obstrucción de vías públicas que afectan el orden público”.  

La solicitud de preclusión fue solicitada por  Carlos Francisco Tovar Jiménez,  Fiscal 21 de Garzón,  quien adelantó la investigación cuyo origen fue la denuncia interpuesta por el abogado  Bernardo Gómez Vásquez en representación de EMGESA S.A (GRUPO ENEL COLOMBIA).  

El 27 de octubre de 2016 se realizó en Bogotá indagatoria a solicitud del apoderado Germán Romero donde los líderes de ASOQUIMBO Elsa Ardila y Miller Dussán  solicitaron archivar el expediente Radicado Fiscalía: 11001600049201201365 relacionado con supuesto delito de “obstrucción a vías públicas que afectan el orden público” por las razones expuestas en documento adjunto, entre otras, porque La Fiscalía 21 de Garzón imputó cargos sin considerar que la razón fundamental de las protestas sociales legítimas fue "la obstrucción de vías" por parte de Emgesa al destruir el Puente el Paso El Colegio, seis meses atrás de dicha protesta, con lo cual dejó incomunicado al suroccidente del Huila con graves consecuencias económicas y sociales.

Un hecho a destacar previo a la Audiencia de preclusión fue la publicación de un Manifiesto de la Sociedad Civil Internacional en apoyo a Miller Dussán y ASOQUIMBO para el cese de la persecución judicial, firmado por 71 organizaciones. En el Manifiesto se solicita al Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón, Huila, archive el proceso iniciado por EMGESA por el supuesto delito de “obstrucción de vías públicas que afectan el orden público”, expresando que “tenemos la firme convicción de que los casos legales en contra de estos dos líderes ambientales responden a una clara estrategia de intimidación judicial, cuyo objetivo final es el de socavar la resistencia regional a las mega-represas y a los proyectos extractivos regionales”. Además solicita a la Corporación ENEL-EMGESA, detenga inmediatamente la persecución judicial en contra de los líderes de ASOQUIMBO y retire los dos procesos que ha iniciado, al igual que sus planes de construcción de mega represas en América Latina que generan consecuencias sociales y ambientales destructivas”.

Desde las dos de la tarde, integrantes de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo –Asoquimbo-  se hicieron presentes en las instalaciones del Palacio de Justicia para acompañar la diligencia judicial. 


En la mencionada diligencia, adelantada por el Juez Primero Penal con funciones de conocimiento, Señor Jairo Fernando Fierro Cabrera, la Fiscalía demostró con elementos de prueba e información, que la investigación no debía prosperar para llevar a juicio a los indiciados, razón por la cual solicitó la preclusión del proceso argumentando que la directiva emitida por la Fiscalía General de la Nación 0008 de Marzo de 2016 ha dejado claro que la conducta solo será delictiva si se realiza a través de medios ilícitos: daños a bien ajeno, incendio, disparo, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosos, violencia contra servidor público y que  la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-742/12 expresa que no se puede penalizar cualquier bloqueo de vía sino aquel que se realice por comportamientos ilícitos, que según la corte son aquellos en los que se recurre a la violencia.  

En el presente caso, se demostró que no se utilizaron medios ilícitos por parte de los manifestantes; que se avisó previamente a la primera autoridad administrativa del Departamento por parte de la expresidenta de ASOQUIMBO y que nunca se ocasionó obstrucción en vías, tal como se constata con el oficio suscrito por el director territorial de INVIAS en donde se certifica que  el Puente Paso del Colegio tuvo cierre total desde el 8 de agosto de 2011 hasta el 15 de diciembre de 2012, luego no se puede bloquear lo que ya se encuentra obstruido. Para la Fiscalía se trató de una movilización pacífica. 

El Ministerio Público representado por el Procurador 270 Judicial I Penal de Garzón, Carlos Alberto López Chavarro, coadyuvó la solicitud del Fiscal explicando que de dar continuidad al proceso podría constituir una limitación a los derechos de expresión, libertad de reunión y la protesta social. Además, afirmó que  no se requiere permiso para ejercitar este derecho constitucional.

Por su parte, Diego Fernando Rubiano Socadagui, actuando en representación de la supuesta  “víctima”  EMGESA S.A (Grupo Enel Colombia), expresó que no se oponía a la solicitud de preclusión y se atenía a lo que decida el Juez. Esta postura obedece a nuestro juicio a la campaña y presión ejercida por quienes suscribieron el Manifiesto de la Sociedad Civil,  si se considera el comentario extra audiencia del abogado de EMGESA según el cual "por la mañana llegó un correo desde Italia, donde están los dueños de EMGESA, direccionando no hacer intervención alguna en la audiencia". 

Germán Romero Sánchez abogado de la Defensa, reivindicó la consigna ¡Ríos para la Vida! como el objeto social de ASOQUIMBO que orienta el actuar Elsa Ardila Muñoz y Miller Armín Dussán, quienes son reconocidos humanistas, defensores del Río Magdalena y protectores del agua, la vida y de miles de personas afectadas por el P.H El Quimbo en el Departamento del Huila y rechazó la actuación de la empresa al pretender un proceso de judicialización contra líderes sociales, pudiendo inducir a la administración de justicia al error. Presentó los argumentos y hechos por los cuales evidenció que no existió delito alguno, exigiendo que se precluyerá la investigación de acuerdo a la Ley 906 de 2004 , art 332, numeral 4 " atipicidad del hecho", lo que significa que el hecho existió, es decir, la movilización social pero que no hay delito. Además,  reiteró que la Corte Constitucional en Sentencia C-742/12  reconoce que acciones desarrolladas como las de  ASOQUIMBO son derechos fundamentales. La Protesta social de la cuál participo ASOQUIMBO, es la materialización de un derecho constitucional que no se puede judicializar como un delito. 

Finalmente, el Juez decidió suspender la Audiencia y programarla para el 22 de febrero del 2016 a las 2:30PM con el propósito de revisar el expediente presentado por la fiscalía compuesto por dos carpetas y más de 600 folios. 

ASOQUIMBO destaca la presencia solidaria de víctimas del proyecto de EMGESA –ENEL, el acompañamiento del Observatorio Peace Brigades International PBI, y la expresión de solidaridad de las Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil  que suscribieron el Manifiesto para el Cese de la Persecusión Judicial  en contra de Miller Dussán y Elsa Ardila y el apoyo al proceso de resistencia de  Asoquimbo   en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida. 



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lunes, 21 de noviembre de 2016

AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA LIDERES DE ASOQUIMBO

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón Huila mediante Boleta de Citación No. 2016-1450, citó a Audiencia de Solicitud de Preclusión, en proceso seguido en contra de Miller Dussán Calderón y Elsa Ardila Muñoz, el 9 de diciembre de 2016 a las 2 de la tarde.

Cabe recordar que en Audiencia realizada el 10 de agosto de 2016 en El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Gigante Huila, el Fiscal 21 de Garzón, Carlos Francisco Tovar formuló imputación por el supuesto delito de “obstrucción a vías públicas que afectan el orden público”, en referencia a las protestas sociales convocadas por el Comité Cívico en enero de 2012, debido a las afectaciones generadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de Emgesa y la explotación petrolera por la Emerald Energy.

El 27 de octubre de 2016 se realizó en Bogotá indagatoria a solicitud del apoderado Germán Romero donde los líderes de ASOQUIMBO Elsa Ardila y Miller Dussán  solicitaron archivar el expediente Radicado Fiscalía: 11001600049201201365 relacionado con supuesto delito de “obstrucción a vías públicas que afectan el orden público” por las razones expuestas en documento adjunto, entre otras, porque La Fiscalía 21 de Garzón imputó cargos sin considerar que la razón fundamental de las protestas sociales legítimas fue "la obstrucción de vías" por parte de Emgesa al destruir el Puente el Paso El Colegio, seis meses atrás de dicha protesta, con lo cual dejó incomunicado al suroccidente del Huila con graves consecuencias económicas y sociales, como se afirma en el Informe Técnico  de la Contraloría General de la República, donde se destaca que abrió indagaciones preliminares contra el MADS , la CAM y el INVIAS  a través de Autos No. 015 y 6-068-11 de 2011, justificando su determinación en que “se deriva de los análisis y visitas efectuadas (23 y 26 de agosto de 2011 y 19 y 21 de diciembre del mismo año) y dada la gravedad de las situaciones acontecidas que ponen en riesgo los recursos del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos del sector”.


Asoquimbo expresa que la convocatoria a Audiencia de Preclusión, además de los argumentos expuestos contra los intentos de judicialización, es producto del amplio reconocimiento por parte de organizaciones sociales y ambientales, de ONG, a nivel nacional e internacional, de instituciones del Estado y de la Comisión Internacional de JurIstas, de las justas protestas realizadas contra la construcción del PH El Quimbo y por la Defensa del Territorio y la Vida.

Lo anterior se confirmó, con la presencia de cerca de 3000 personas en la Audiencia Pública Ambiental, realizada el pasado 11 y 12 de noviembre, donde por unanimidad los participantes exigieron a la ANLA la suspensión inmediata de la Licencia Ambiental al PH El Quimbo con fundamento en los estudios técnico-científicos y los testimonios de las víctimas que reclaman del Estado la reparación integral de sus Derechos Económicos, Sociales, Ambientales y Culturales; la indemnización al Departamento por los daños causados y la creación de una Comisión de la Verdad como única garantía de no repetición del despojo, desplazamiento, ecocido y destrucción del patrimonio arqueológico que es común a todos los proyectos minero energéticos que se han impuesto en todas las regiones del país.

El 9 de diciembre de 2016 a partir de las 9 de la mañana, en el municipio de Garzón, Asoquimbo convoca a Asamblea General del Movimiento Regional por la Defensa del Territorio y la Vida con el objeto de evaluar la Audiencia Pública Ambiental, aprobar el Plan de Acción 2017 para continuar avanzando en la lucha por la moratoria de la política minero energética y un nuevo modelo soberano y autónomo y exigir la protección de los movimiento sociales y ambientales, sus líderes y el cese a la judicialización de las protestas sociales.

RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!!

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