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domingo, 15 de mayo de 2016

LA NATURALEZA VÍCTIMA DE LA FUNDACIÓN NATURA Y USAID



León Gómez Charry, subdirector de Desarrollo Local de la Fundación Natura, destaca el convenio celebrado con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos -USAID- para la implementación del Plan Huila 2050 o Plan “cambio climático” cuya prioridad es la privatización del agua para “la demanda del consumo humano concentrada en los centros urbanos y las cabeceras municipales”, -enajenación de los acueductos comunitarios-,  “el suministro de riego para la producción agroindustrial” -ZIDRES- y, fundamentalmente, para “la generación de energía a través de represas a lo largo del eje hidroeléctrico sobre el río Magdalena”-Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena-

El Plan Huila 2050 está orientado a la reorganización del territorio para las corporaciones transnacionales, tales como, Endesa Enel, Emgesa, Emerald Energy, Pacífic Rubiales, Anglo Gold Ashanti, Estatal Hidrochina, con los  Proyectos de Interés Estratégico Nacional -PINES-para la extracción intensiva y apropiación privada de nuestros Bienes Naturales Comunes: los ríos, el Macizo Colombiano, las ciénagas, humedales, para la construcción de más represas, explotación petrolera utilizando fracking, agronegocios, a nombre del “cambio climático” como pretexto para la mercantilización de la naturaleza y la vida: El capitalismo Verde.



La Fundación Natura y USAID cumplen la función de promover los negocios empresariales y corporativos para la “reducción de los gases de efecto invernadero”, fortalecidos a partir de la COP21 de París que impuso la impronta privatizadora que garantiza al sector financiero tener  certeza  sobre  sus inversiones en  la   descontaminación   ambiental como lo exige la OCDE.

La  apuesta   de  los  grupos   financieros  transnacionales y los  Estados que los representan   por  los “mercados  verdes” es  fortalecer    el   sometimiento financiero   de  los  países  del  sur, desconociendo la  “responsabilidad    desigual”, en la contaminación ambiental y la “deuda ecológica” del  norte, ampliando  su circuito  de negocios mediante el  endeudamiento de los países periféricos.   La  COP 21   de  Naciones  Unidas  facilita  esta  pretensión   corporativa  al  ratificar  que  la   salida  a  la  actual   crisis  climática  obliga  a  una  transición  programada  hacia  el “capitalismo  verde” que promueven la Fundación Natura y USAID. 

La COP 21 fue una reunión en contra de la Justicia Ambiental. La discusión se redujo al  límite   de  dos  grados   centígrados   del  calentamiento  global  para  los  próximos  años   contra la crítica formulada por la  Red Internacional  de    Resistencia   a  la  Producción   Petrolera    denominada   Oil Watch,  “al  insistir  en  que  la  alternativa al  calentamiento  global es  la  de  no  extraer     combustibles  fósiles    del  subsuelo, al menos las 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón, opción que ya  la  vienen  implementando   “pueblos, naciones indígenas, regiones subnacionales o las localidades que dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos del subsuelo”.


Preocupa a los movimientos por la defensa de los territorios y la vida que en un posible pos-acuerdo “se entregue a las trasnacionales grandes porciones del territorio del país para proyectos extractivos debido a que las propuestas en términos ambientales del Plan Nacional de Desarrollo (2015 - 2018), corresponden a un modelo de economía verde sustentado en  la concepción mercantilista de la naturaleza como capital natural; supuestos esquemas de minería y energía sostenible con la participación de las comunidades; fortalecimiento institucional ambiental a partir de los ingresos obtenidos de Pagos por Servicios Ambientales -PSA- y Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación –REDD”[1]; bajo el control corporativo que son las pretensiones reales del Plan Huila 2050 que avanza en Pitalito Huila en su ruta de cambio 2030, a nombre de la reducción de los gases de efecto invernadero.

Con la mercantilización de la naturaleza se profundiza su condición de víctima, no sólo por el conflicto armado, sino como “víctima del desarrollo” (ecocidio) contra la posibilidad de  armonizar sociedad naturaleza para el Buen Vivir.

La Fundación Natura, fue contratada por Emgesa para que con fundamento en un supuesto “estudio biótico” se modificara la licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, estudio que fue incorporado como justificación de la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 mediante la cual se concretaron las pretensiones de Emgesa de reducir los costos por compensaciones ambientales y sociales contra la decisión  del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que improbó la conciliación extrajudicial, entre otras, porque no se “protegió la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales”.

La Fundación Natura contribuyó, además, a la certificación del Proyecto El Quimbo, como Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL- justificando que “tener que proporcionar una indemnización adecuada a la comunidad local y proteger el medio ambiente aumenta el costo del proyecto y disminuye la Tasa Interna de Retorno TIR”, desconociendo que las empresas tienen la obligación de promover el desarrollo sostenible y que proporcionar una compensación adecuada a las comunidades afectadas es parte integrante de este requisito.

Por sus buenos oficios Emgesa le otorgó a la Fundación Natura el contrato para el “Programa de Restauración y Compensación Ambiental”, para lavarle la cara sucia a la empresa que convirtió el Quimbo en un cementerio de árboles y en el peor ecocidio que haya vivido el Huila cuyos daños son irreparables.

Ahora a nombre del cambio climático aparece la Fundación Natura de mano de USAID y de Emgesa apoyada por los gobiernos, las corporaciones autónomas para ampliar el mejor negocio: la mercantilización de la naturaleza.


[1] http://censat.org/es/analisis/extractivismo-negociaciones-y-paz



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sábado, 14 de mayo de 2016

Informe de Misión CIJ: El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.



Entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ)[1] visitó la República de Colombia y se desplazó a la zona donde se ha venido desarrollando el proyecto hidrológico de El Quimbo, en el Departamento del Huila. En desarrollo de la misma se visitó el Municipio de Garzón, el reasentamiento de La Montea (Municipio de Gigante) y el área donde fue desmantelada la Capilla de San José de Belén (Municipio del Agrado). Para la preparación de la Misión, la CIJ encargó una consultoría que permitiera a los integrantes tener una visión de conjunto del contexto y de los hechos, que les permitiera efectuar las verificaciones correspondientes. El objetivo de la Misión fue observar sobre el terreno el respeto y cumplimiento por parte del Estado de los estándares internacionales sobre el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos – y en particular los Desc - de las comunidades afectadas y conocer, en la medida de lo posible, el comportamiento de la empresas responsable del proyecto frente a las denuncias y reclamos de la población afectada.

Este informe se realizó bajo la coordinación de Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), encargada del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Federico Andreu-Guzmán estuvo a cargo de la revisión jurídica. La corrección de estilo fue realizada por Hernando Salazar Palacio. Diana Salamanca asistió en su producción.


Entre las conclusiones se resalta: 

“Sorprende que se haya decidido autorizar la construcción del proyecto hidrológico de El Quimbo en una zona de reserva forestal protectora de la amazonia.
Resulta difícil entender que el mero cambio de gobierno, hubiera significado un cambio tal de condiciones ambientales de la zona, que hubiera permitido considerar viable lo que siete años antes no lo era. Para aceptar que el proyecto “no afectaría la producción agropecuaria del departamento y la seguridad alimentaria”, se requería una muy clara sustentación que demostrara una de dos eventualidades: que las condiciones habían cambiado radicalmente, o, que el estudio de 1997 estaba errado. No se hizo, lo que significó ir contra los actos propios y el principio de la buena fe.
Los hechos constatados por la Misión demuestran lo contrario. Prácticamente desapareció la pesca y la seguridad alimentaria se ha visto amenazada más allá del ámbito directo de los seis municipios impactados. Los productos se encarecieron en todo el departamento del Huila y la oferta disminuyó.
Es cierto que la legislación colombiana en materia ambiental es precaria y se ha ido ajustando para facilitar la presencia de explotaciones con capital extranjero. Asimismo es verdad que la telaraña de entidades que tienen injerencia en esta materia a veces genera conflictos de entendimiento entre ellas y todas las cuestiones son finalmente decididas por la autoridad política: el Ministerio de Ambiente.
Quedó claro para la Misión que el tema de Derechos Humanos está ausente de las decisiones que se toman por las autoridades de los ministerios de minas, agricultura y ambiente.
Concluye con preocupación que en la acción de la fuerza pública contra la protesta social ha habido episodios de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
La Misión ha llegado a la convicción de que la Empresa Emgesa ha abusado del velo corporativo, para manejar con opacidad la información necesaria para que los afectados puedan participar en las decisiones. Además, ha usado subterfugios para no cumplir las decisiones judiciales que la afectan.
Es claro que en ninguna de las etapas se permitió una efectiva participación plenamente informada, como lo constató la Corte Constitucional.
La Misión concluye que los procesos de adquisición de predios se hicieron con abuso de la posición dominante de Emgesa, incluso los procesos judiciales de expropiación, lo que convierte tales procesos – los directos y los judiciales – en verdaderos despojos. En ambos casos, los afectados carecieron de asistencia técnica.
Respecto a la demolición de la Capilla de San José de Belén, concluye que es de una parte una violación de los derechos culturales de la población de la vereda, una agresión al respeto por las creencias y prácticas religiosas, y por otra un daño irremediable a un bien de valor e interés cultural.
No puede la Misión dejar de señalar la irresponsabilidad que supone la inexistencia de un plan efectivo y públicamente conocido de contingencia en caso de eventuales desastres, máxime cuando está claro que el proyecto hidrológico de El Quimbo está en una zona de alto riesgo sísmico.
Finalmente, concluye que Colombia violó los derechos a la participación, a la vivienda, a la alimentación, al agua, al trabajo, al salario digno y a la educación. Al no cumplir con sus deberes de protección y garantía de los derechos fundamentales y, por tanto, aceptar por lo menos pasivamente los actos de la empresa, el Estado es internacionalmente responsable. El Estado debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición.





[1] La Comisión Internacional de Juristas busca asegurar el desarrollo progresivo y la aplicación efectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, asegurar los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, la salvaguardia de la separación de los poderes, y la garantía de la independencia de la judicatura y de la profesión legal.

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jueves, 12 de mayo de 2016

!VAMOS AL PARO CIVICO REGIONAL!



Asoquimbo declaró la resistencia civil argumentada desde hace seis años contra todo el modelo extractivista, financierista por despojo, y la política minero energética del Estado cuya expresión auténtica es el PH El Quimbo: Despojo y ecocidio.
Nos oponemos radicalmente al "capitalismo verde" camuflado con la consigna "extractivismo si pero no así" que comparten sectores  del Polo, Marcha Patriótica, el Partido Verde con los partidos del establecimiento. Somos claros al expresar un No rotundo a la construcción de represas grandes o pequeñas. Estamos de acuerdo con su desmantelamiento siguiendo el ejemplo de EUA que ha destruido ya 1200 represas y recuperado ecosistemas, la pesca artesanal, etc. No al fracking, Ni a la explotación minera a cielo abierto. No a la privatización de los Acueductos Comunitarios.

Proponemos a cambio, como Agenda Común Mínima. Un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo sustentado en opciones energéticas como la solar, eólica, corrientes marinas, biomasa,etc gestionado por las comunidades según sus necesidades. Un Fondo Energético Público con destino a la investigación científica y al desarrollo de nuevas alternativas energéticas que sustituyan progresivamente los combustibles fósiles y las hidroeléctricas. La defensa del agua como Bien Natural Público y Derecho Fundamental. La defensa de la Seguridad Alimentaria, la agroecología, la protección de las semillas nativas, contra los TLC.
Nuestra tarea ahora es organizar el Paro Cívico Regional contra el extractivismo, el despojo, el ecocidio y por nuestra Agenda Común Mínima aprobada por el Movimiento Regional por la Defensa de los Territorios y la Vida.
Rechazamos la imposición del extractivismo minero energético al servicio de las corporaciones transnacionales que se incrementará en el "posconflicto, como lo advierten funcionarios del Estado siguiendo las recomendaciones del Grupo Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) creado por Social Science Research Council y la Fundación Ford que acordaron, aprovechar esta riqueza para "promover el desarrollo y financiar la paz", donde participaron, contra las víctimas del desarrollo", "dirigentes indígenas, empresariales, ambientalistas, académicos y profesionales de la sociedad civil".. y consensuaron un documento que concluye que "la minería bien hecha es posible y que jugaría un papel muy importante en el posconflicto que se avecina". Es decir, más extractivismo, más IVA y más endeudamiento externo a nombre de la Paz.
Rechazamos igualmente el compromiso de EUA de invertir
450 millones de dólares a nombre del Plan "Paz Colombia" para garantizar la seguridad de las inversiones empresariales en las zonas despejadas por los insurgentes".
http://millerdussan.blogia.com/2016/050801-el-fin-del-conflicto-y-las-victimas-del-desarrollo.php

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viernes, 11 de marzo de 2016

Pescadores artesanales de Hobo radican tutela para la protección de sus derechos al trabajo, la vida digna y la seguridad alimentaria



Ante la grave crisis humanitaria que ha dejado la construcción y puesta en funcionamiento del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, expresada en la vulneración de los derechos al trabajo, la vida digna, la salud, al ambiente sano y la seguridad alimentaria; los pescadores artesanales del municipio de Hobo radicaron el pasado miércoles 9 de Marzo de 2016 una acción de tutela que busca el restablecimiento de éstos derechos y garantice la satisfacción de las necesidades básicas para ellos y sus familias.

La situación de vulnerabilidad en que se encuentran aumentó significativamente con el inicio de operaciones de producción de energía de la represa El Quimbo debido al incumplimiento de las obligaciones adquiridas en la Licencia Ambiental por parte de la multinacional Emgesa, en particular con el no retiro de la biomasa en el vaso del embalse.

Desde el pasado mes de noviembre los pescadores vienen denunciando la contaminación de las aguas del Río Magdalena y con ello la mortandad de peces, la pérdida de su actividad productiva y el incremento de enfermedades en el seno de sus familias.

Esta afectación a los pescadores artesanales había sido identificada por el Ministerio de Ambiente desde el año 2009 y plasmada por escrito en la resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 que otorga a Emgesa la licencia ambiental para la construcción del proyecto:

“…representa una vulnerabilidad alta por las características de la población que realiza esta actividad, debe tenerse en cuenta que el embalse de Betania produjo una reducción de la oferta de peces en el río Magdalena al imponer una barrera a la subienda, obstruyendo la posibilidad migratoria de ciertas especies para cumplir con su ciclo natural, en tal caso se estaría hablando de un impacto de alta importancia biofísica y socioeconómica”[1]

Entre los argumentos esgrimidos por los pescadores, se ha referenciado que existe “una disminución del 96.25% de la pesca artesanal por Kilo diario, teniendo en cuenta que en el año 2009 (fecha de inicio del proyecto) se pescaba alrededor de 40 kilos diarios, en el 2013 se disminuyó a 4 Kilos diarios y actualmente (2016) lo máximo que se puede pescar es 1,5 Kilos diarios de pescado, con el agravante de que en muchos casos, el pescado llega en una descomposición total que impide el autoconsumo y su  comercialización”

En este sentido los accionantes han solicitado ante un juez de tutela se garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales, en particular los derechos a la igualdad mediante la inclusión en el censo de afectados por el P.H. EL Quimbo de acuerdo a las disposiciones de la Sentencia T-135 de 2013 proferidas por la Corte Constitucional; al trabajo, el mínimo vital, la vida digna, la seguridad social, la salud e integridad física, la alimentación equilibrada y la seguridad alimentaria, a la educación, la cultura, recreación y el disfrute de un ambiente sano por lo cual solicitan que se ordene a EMGESA que “realice en un plazo máximo de 15 días el retiro total del material forestal y la biomasa que se encuentra descomponiéndose en el fondo del área de inundación y la realización de un plan de recuperación de su espacio vital (Río Magdalena)”.

La Acción de Tutela ha sido radicada con un material probatorio de gran volumen compuesto por documentos, videos, archivos de audio y estudios científicos y técnicos que demuestran claramente el alcance real de las afectaciones y la situación de vulnerabilidad de los pescadores artesanales y sus familias.






[1] Licencia Ambiental, resolución 0899 del 15 de mayo del 2009. Hoja  Nº65
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lunes, 7 de marzo de 2016

DECRETO 0489: POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LA VIDA



La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo  -ASOQUIMBO- y los comités locales del  Movimiento Regional por la  Defensa del Territorio y la Vida del Departamento del Huila –Comité Cívico “Somos Río Aipe, Comité Defensores del Macizo Colombiano de San Agustín, Jaguos por el Territorio, Colectivo Cultural Cacique Yaguilga  de Pital, Colectivo por la Defensa de los recursos naturales de  Guadalupe  y el Movimiento Ciudadano por la Defensa del Territorio en Pitalito-; comunicamos que el 7 de Marzo de 2016, se expidió el Decreto  0489 del Gobierno Departamental por medio del cual se conforma la "Mesa Temática para la Verificación, Promoción,Conservación y Discusión de la Conservación del Medio Ambiente, el Agua y elTerritorio”, producto de la organización y resistencia pacífica de los campesinos, pescadores -mineros artesanales víctimas de la política minero –energética por la defensa del territorio y la vida. 

El Decreto representa un avance significativo para la materialización de la Agenda Común del Movimiento Regional, donde se destaca la construcción de un modelo minero –energético soberano y autónomo que responda a las necesidades reales de las comunidades;  la defensa del Agua como Bien Natural Público y Derecho fundamental y el impulso de la producción indígena, campesina, afrodescendiente y la protección de la pesca artesanal para la seguridad soberanía y autonomía alimentaria, entre otros.


Nuestro compromiso continua siendo el fortalecimiento del Movimiento Regional por la defensa del territorio y la vida y la convocatoria permanente a acciones de resistencia argumentada contra el modelo extractivista, financierista que despoja a las comunidades para imponer los megraproyectos minero energéticos y de agronegocios, al servicio de la acumulación del capital por parte de las corporaciones trasnacionales.



¡EL 14 DE MARZO LA MOVIDA ES POR EL AGUA!


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viernes, 4 de marzo de 2016

La Voz de Matambo No. 16. Día Mundial de Acción Contra Represas

Los invitamos a leer y a difundir  "La Voz de Matambo" que en esta edición No.16 invita a participar el 14 de marzo en la Jornada Mundial en contra represas, por la defensa del agua como bien natural público y derecho fundamental

Puede descargar el archivo en formato PDF haciendo click en la imagen de la portada. La edición impresa será distribuida el próximo lunes 7 de marzo de 2016.



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miércoles, 16 de diciembre de 2015

¡EXIGIMOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA REPRESA QUIMBO!






El proyecto hidroeléctrico el Quimbo no solo debe pararse provisionalmente, debe desmantelarse de manera definitiva para evitar que se continúe causando mayores daños irreparables a la economía regional,  a las víctimas del proyecto, a la naturaleza, al patrimonio arqueológico y cultural de la nación.

El Quimbo no se construyó para favorecer el interés público nacional bajo el supuesto de la necesidad energética, sino para favorecer los intereses de los accionistas privados de Colombia y de las corporaciones transnacionales que se vienen lucrando no solo a partir del cargo por confiabilidad,  sino  también de los altos costos de la energía que fueron incrementados por el presidente santos.

Lo anterior se confirma con la injerencia del Gobierno nacional a través del ministro de Minas y Energía, Tomás GonzálezEstrada; el ministro de Ambiente y Desarrollo, Gabriel Vallejo López que a cambio de  exigir públicamente el cumplimiento del fallo judicial,  de proteger los intereses la nación y  proteger a las comunidades que han sido  víctimas del proyecto Quimbo;  visitaron el tribunal de Huila para presionar el levantamiento de la medida cautelar  bajo el supuesto de que “los colombianos necesitamos esa energía”.

Igualmente, las publicaciones de los periódicos El Tiempo y el Espectador que declaran a Emgesa como víctima debido a la decisión de la corte constitucional de suspender la generación de energía, bajo el supuesto de que a la compañía no se le viene garantizando la seguridad jurídica ni la plena confianza inversionista  para su negocio “Pone en riesgo las inversiones hechas por la empresa Enel en Colombia” y   que la orden de la Corte  Constitucional que "detiene la entrada en operación de la represa, es sólo el último evento lamentable en una serie de tropiezos. 

ASOQUIMBO y el Movimiento Regional por la Defensa de los Territorios,  convocan a toda la población a iniciar movilizaciones sociales a partir de Enero que concluyan el 14 de Marzo en un paro cívico regional contra toda la política minero energético del Gobierno de Santos, el Plan de Privatización del Rio Magdalena,  las once áreas para explotación petrolera fracgking, las  pequeñas centrales hidroeléctricas, la privatización de los acueductos comunitarios, los proyectos de desarrollo limpio (revegetalización con pinos y eucaliptos) y  la solicitud realizada por Emgesa para la  construcción del Proyecto Hidroeléctrico Oporapa que afectaría los municipios de  Oporapa, Isnos, Saladoblanco, Pitalito, Elias y Tarqui.



EL ÚNICO CAMINO PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO, ES LUCHAR CONTRA EL MODELO MINERO ENÉRGETICO, FINANCIARISTA POR DESPOJO  Y CONSTRUIR AUTONOMAMENTE UNA ALTERNATIVA RADICAL PARA EL  BUEN VIVIR.


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