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sábado, 1 de agosto de 2015

Creada Mesa Nacional de Tierras para Afectados por Represas


El espacio es una conquista del Movimiento Ríos Vivos, producto de las acciones de resistencia de los afectados por las represas de El Quimbo, Ituango, Sogamoso, Urrá  y Salvajina, quienes han logrado demostrar en escenarios internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los proyectos hidroeléctricos los despojan de sus territorios y los convierten en "Víctimas del desarrollo".

El pasado 29 de julio se realizó en la ciudad de Bogotá una reunión entre delegados del Movimiento Ríos Vivos y funcionarios del INCODER con el objetivo de buscar soluciones a la situación de despojo que viven las comunidades afectadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia, dando como resultado la creación de la “MesaNacional de Tierras para Afectados por Represas”.

Ríos Vivos presentó ante el INCODER una serie de argumentos y denuncias sobre la forma como los megaproyectos de generación de energía han causado el desplazamiento de campesinos, jornaleros, arrendatarios, mayordomos, partijeros, pescadores, mineros artesanales, entre otros que no eran propietarios de tierras, realizaban actividades productivas ligadas al mundo rural y fueron sacados a la fuerza de sus territorios para la construcción de represas.

La principal tarea de la Mesa Nacional será encontrar un mecanismo o marco jurídico a través del cual las personas y comunidades que han perdido su actividad productiva a causa de la construcción de proyectos hidroeléctricos, puedan acceder a tierras y de esta manera restablecer sus derechos al trabajo y la vida digna. LEA EL ACTA DEL ACUERDO

El INCODER será la entidad del Estado responsable de liderar el proceso y articular otras instituciones gubernamentales para que los acuerdos suscritos tengan un alcance real. En tal razón, deberá convocar a la Mesa Nacional a los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente e Interior.

Ante la incapacidad del Estado Colombiano para garantizar y proteger los derechos fundamentales de los afectados por estos proyectos, se ha solicitado la presencia de la Organización de las Naciones Unidas para que actúe como mediadora y garante del proceso.

La instalación oficial de este escenario de concertación será el próximo 25 de agosto a las 9:00 a.m. en la sede nacional del INCODER en la ciudad de Bogotá, reunión en la que se ha solicitado además la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

El Caso Quimbo

La reunión tuvo especial énfasis en el caso de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo dado que aumentan las denuncias por el inicio del llenado sin previo cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental por parte de la multinacional EMGESA.

Delegados de Asoquimbo exigieron la restitución de 5.800 hectáreas de tierras en producción adecuadas con distritos de riego, reclamando al INCODER que la restitución de tierras que está contemplada sólo incluye a las personas que han sido censadas por EMGESA.

Asoquimbo insistió en que el Gobierno Nacional no puede hacer la restitución de tierras para los afectados por este proyecto basado en un censo amañado y calificado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-135/13 como irregular y poco participativo. También señaló que más del 60% de los afectados por El Quimbo son sujetos de reforma agraria y no han sido reconocidos en el censo adelantado por EMGESA.

Por su parte el INCODER en cabeza de Carlos Ignacio Carmona, Subgerente de Tierras Rurales,  presentó un informe sobre sus actuaciones en el caso Quimbo, señalando que hasta el momento la entidad ha comprado solamente 387 hectáreas de las 2.700 que les corresponde, argumentando que ha sido imposible encontrar tierras que cumplan con las condiciones necesarias. De la misma manera señaló que EMGESA no ha aceptado varios predios que se perfilan para compra debido a que sostienen que en esos terrenos sería difícil realizar las adecuaciones que les corresponde.

A la reunión asistió, Julio César Triana, Ex Secretario de Gobierno Departamental del Huila y hoy asesor de la Subgerencia de Tierras Rurales del INCODER, quien afirmó que la entidad ha constituido un equipo especial para agilizar el proceso de restitución de tierras a los afectados por El Quimbo. También señaló que cumplir con la obligación de las 2.700 hectáreas que debe comprar el INCODER será imposible si no se amplía a por los menos tres municipios más la zona autorizada para la compra de tierras. 

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sábado, 27 de junio de 2015

COMUNIDAD IMPIDIÓ DESTRUCCIÓN DE LA CAPILLA SAN JOSÉ DE BELÉN EN EL QUIMBO

A partir de las 11 de la mañana del 27 de junio de 2015, un grupo de personas de la empresa “Bautista y Bautista”, contratista de EMGESA, iniciaron su arribo en camionetas, motos y con maquinaria hasta la Vereda San José de Belén con el propósito de iniciar el desmonte y traslado de “la cruz de remate del campanario, campana, pisos de baldosín, retablo o un fragmento del muro en tapia pisada de la Capilla San José de Belén del Municipio del Agrado Huila, área de influencia de El Quimbo, declarada Patrimonio Cultural del Departamento del Huila mediante Decreto No. 423 de 1982 y posteriormente acogida mediante Ordenanza 07 de 1992 como un Bien Inmueble Cultural que luego se reconoció como Bien de interés cultural (BIC) del ámbito departamental a partir de la Ley 1185 de 2008, y ratificada como Patrimonio Cultural por la Secretaría Técnica del Centro Filial del Consejo de Monumentos Nacionales en atención a la solicitud de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura”.

Afectados por el Quimbo de la zona informaron que “Bautista y Bautista”, antes de proceder, estaba esperando la presencia de miembros de la comunidad a quienes habían presionado días antes para la firma de un Acta “autorizando” el traslado de los bienes muebles y la construcción de una nueva capilla a cambio de garantizarles unos predios adicionales al reasentamiento la Galda.

Para sorpresa de la contratista ninguna de las personas que habían firmado se hicieron presentes debido a que en su mayoría se habían retractado de sus firmas exigiendo a la Emgesa el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la Licencia Ambiental al conocer que la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009 establece que “la Empresa deberá coordinar con la Secretaría de Cultura del Departamento del Huila o con el Comité Departamental de Cultura, las actividades necesarias para el traslado de la capilla de San José de Belén” y NO la construcción de una réplica, teniendo en cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental determinó en sus objetivos específicos “Trasladar y restaurar la capilla de San José de Belén al sitio determinado para tal fin, en el marco del reasentamiento de los pobladores del caserío de San José de Belén y crear las condiciones necesarias para la participación de la comunidad en dicho proceso de traslado”.

Además, el Ministerio de Cultura conforme al Artículo Séptimo de la Ley 1185 de 2008 por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley General de Cultura- dispone que “la intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá contar con la autorización de la entidad territorial que haya efectuado dicha declaratoria”; autorización que hasta la fecha no ha sido proferida por las autoridades del ámbito regional ni tampoco se conoce de las actividades necesarias para el traslado de la capilla que Emgesa debe coordinar con la Secretaría de Cultura del Huila.

Con fundamento en las disposiciones señaladas anteriormente miembros de la comunidad, acompañada con representantes de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, impidió en la tarde de hoy la violación de la Ley ante el intento de saqueo de la Capilla San José de Belén y la destrucción de este Patrimonio Cultural por parte de la contratista de Emgesa “Bautista y Bautista” y acordó mantener vigilancia permanente hasta que se cumpla con lo ordenado en la Licencia Ambiental y lo dispuesto por el Ministerio de Cultura.

Cabe resaltar que el Señor obispo de Garzón, Fray Fabio Duque Jaramillo, expidió un comunicado donde expresa sus preocupaciones por las afectaciones económicas, sociales, ambientales y culturales generadas por el PH. El Quimbo y la necesidad de avanzar en el proceso de traslado integral y restauración de la Capilla San José de Belén considerada Patrimonio Histórico y Cultural del Departamento.


Asoquimbo convoca a la ciudadanía a defender nuestro territorio y, específicamente, nuestro Patrimonio Cultural. 
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miércoles, 10 de junio de 2015

¡Hay que parar el Quimbo!

Pescadores de Hobo Campaoalegre y Yaguará. Foto: Juan Carlos Albarracín G.
Los medios de comunicación local de manera reiterada  vienen anunciando el inminente llenado del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Mientras tanto, campesinos, pescadores artesanales, comerciantes, organizaciones sociales, piscicultores de Betania, el Secretariado Diocesano de Pastoral Social de Garzón, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena – CAM-, el Gobernador del Huila, El Alcalde y algunos concejales del Municipio de Hobo, entre otros, han expresado que el llenado, suspendido como medida cautelar por el Tribunal Superior Sala Cuarta de Oralidad de Neiva Huila, no debe realizarse hasta tanto no se cumpla  con todas las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental.

La Empresa  reporta que el avance de las obras se encuentra a la  fecha “completada en el 90%” ocultando las fallas técnicas y mintiendo con relación al cumplimiento de sus obligaciones socio-ambientales:

1.    LA ANLA,  en el Auto 2148 del 29 de mayo de 2015, dispuso  requerir a la empresa EMGESA “realizar obras tendientes a la conformación del dique auxiliar de manera ágil, para subsanar las fallas presentadas e informe a esta Autoridad de cuales medidas se adoptaron…para subsanar la misma”. Es decir, persiste el alto riesgo de catástrofe como  lo había advertido la Contraloría: “es posible que se generen Tsunamis, como el ocurrido en el embalse Vajont, Venecia, Italia, el 9 de octubre de 1963 como consecuencia de masivos deslizamientos que generaron efecto tsunami en el lago, sobrepasando la altura de la cresta de la represa y provocando 2000 muertos aguas abajo”.

2.    La CAM ha impuesto hasta el momento,  “ocho (8) medidas preventivas, de las cuales cuatro (4) han sido remitidas a la ANLA por competencia, sin obtener respuesta contundente al respecto”, frente a la inobservancia y posibles irregularidades del proyecto.

3.    El  Gobierno Departamental “se ratifica en la solicitud expresa que se ha hecho a la ANLA de que en lo posible el llenado no se lleve a cabo hasta tanto no se cumpla el 100% de los compromisos”.

4.    El INCONDER informa que aún no se han adquirido las 2.700 hectáreas  que deben ser adecuadas con distritos de riego y productividad, destinadas según la licencia, para compensar a los jornaleros, mayordomos, pescadores, madres cabeza de familia, entre otros.

5.    Emgesa incumplió con el último plazo - 30 de Agosto de 2014 -, otorgado por la ANLA para el reasentamiento de las comunidades,  según la resolución 0395 del 02 de mayo del 2013; razón por la cual optó por el despojo acudiendo a los juzgados primero y segundo civil del circuito de Garzón – Huila.

6.    Emgesa desacató la Sentencia T-135/13, mediante la cual la Corte Constitucional, le ordenó la realización de un nuevo censo de afectados en un término de seis meses, dónde se inscribieron 28.664 personas.

7.- Emgesa, destruyó la actividad productiva de los pescadores artesanales como lo señaló la Contraloría General de la República.

8.    Emgesa pretende destruir la Capilla San José de Belén del Agrado (Patrimonio Cultural), contra lo establecido en la Licencia Ambiental de su traslado y restauración integral.

Por las anteriores razones, existe consenso entre los afectados, gremios económicos, organizaciones sociales, eclesiásticas  e instituciones públicas  de solicitar a la ANLA la realización de una Audiencia Pública Ambiental para evaluar la problemática  económica, socio –ambiental y cultural generada por el Proyecto El Quimbo, previa al  llenado del embalse.

Debido a que la ANLA se ha negado reiteradamente a convocar la Audiencia Pública, sin argumentos de forma y fondo;  el Movimiento por la Defensa del Territorio y la Vida  y Asoquimbo, convocan a toda la ciudadanía A UN PLANTÓN EN EL  PARQUE SANTANDER DE NEIVA EL MARTES 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS 9.A.M, con el propósito de exigir la realización de la Audiencia y mantener  la suspensión del llenado del Quimbo. 


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miércoles, 3 de junio de 2015

Francisco Cabrera, símbolo de la resistencia al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo le va ganando el pulso en la batalla jurídica a la Multinacional Emgesa

En la tarde de hoy, 2 de junio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva ordenó medida provisional que suspende la entrega anticipada del predio de Francisco Cabrera y su esposa Ángela Trujillo, habitantes de la vereda Veracruz del municipio de Gigante, Huila.

La diligencia de desalojo había sido ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón para ejecutarse a primera hora del miércoles 3 de junio y pretendía despojar de su territorio y su
vivienda a esta familia.

Francisco Cabrera y su esposa habían acudido en días anteriores a los Tribunales para solicitar protección a sus  derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la vida digna, al trabajo, una Vivienda Digna, el Derecho a  la Alimentación  en conexidad con Derecho a un Mínimo Vital y Proyecto de vida contenidos en  la Constitución Política de Colombia.

Los derechos enunciados se vieron vulnerados y amenazados, con ocasión de que la multinacional EMGESA desconoció la obligación especial de reasentamiento que establece la licencia ambiental del PH El Quimbo que determina el cuadro de compensaciones para los medianos propietarios y ordena que La Empresa debe: “1. Entregar a cada grupo familiar un predio equivalente en número de hectáreas, al predio afectado, 2. Restituir tierra con riego, así como la actividad económica. 3. Reconocer las mejoras a las que haya lugar. 4. Garantizar la participación de las familias en los proyectos productivos. 5. Realizar todos los trámites y asumir todos sus costos. Como segunda opción y únicamente en el evento de que el grupo familiar manifieste expresamente que no desea ser objeto del programa de reasentamiento, podrá llevarse a cabo una compra directa”.

En la tutela instaurada, Francisco y su Esposa alegaron que no pueden aceptar el traslado al reasentamiento propuesto por EMGESA porque existen incumplimientos e irregularidades en el proceso de reasentamiento y el lugar al que pretenden ser trasladados no cumple con los requisitos necesarios para continuar con su proyecto de vida y menos cumple las condiciones establecidas en la licencia ambiental. Entre otros, el reasentamiento está siendo construido sin la expedición de una licencia y sin la aprobación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que declare esas tierras como zona residencial; el lugar de reasentamiento no cuenta con servicios públicos domiciliarios ni sistema de tratamiento de aguas residuales; el lugar de reasentamineto queda  cerca  de  una  Planta  de  tratamiento  de crudo y pueden existir afectaciones a la salud.

El Tribunal Superior de Neiva, había concedido ya la protección de estos derechos a Don Francisco y Doña Ángela, obligando a EMGESA a garantizar un mínimo vital correspondiente a dos salarios mínimos mientras se realizaba el proceso de reasentamineto. Sin embargo, EMGESA siguió insistiendo en continuar con la entrega anticipada del predio y había presionado a los jueces para reactivar el proceso de desalojo obligándolos a trasladarse al reasentamiento de Montea.

El día de ayer, mediante una nueva acción de Tutela, Don Francisco solicitó al Tribunal Superior proteger sus derechos fundamentales a la vida, integridad física y al debido proceso solicitando se detenga de inmediato la orden de desalojo programada para el día 3 de junio.

De esta manera, Don Francisco y Doña Ángela siguen resistiendo desde su territorio, en medio de amenazas y presiones de parte de los funcionarios de la multinacional quienes a diario utilizan todo tipo de acciones para obligarlos a abandonar su casa.

Asoquimbo relieva a la familia de Don Francisco como “símbolo de resistencia” y convoca a todas las víctimas del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo a rechazar el despojo y el ecocidio y a mantener la resistencia por la defensa de nuestro territorio y la vida.
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domingo, 24 de mayo de 2015

La Voz de Matambo No. 15. El Quimbo: Despojo y Ecocidio

Los invitamos a leer y a difundir  "La Voz de Matambo" que en esta edición No. 15 contiene un resumen de los principales argumentos y hechos que demuestran los daños económicos, sociales, culturales y ambientales que ha ocasionado el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.


Puede descargar el archivo en formato PDF haciendo click en la imagen de la portada. La edición impresa será distribuida el próximo jueves 28 de mayo en el marco de la Audiencia Pública de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que se realizará en el auditorio Olga Tonny Vidales de la Universidad Surcolombiana a partir de las 8:00 a.m.





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jueves, 21 de mayo de 2015

Audiencia Pública de seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Mesas de Seguimiento PH El Quimbo 2012. Foto: Tusemanario.com

El Macroproyecto de Acompañamiento a las Organizaciones de Afectados por la Política Minero Energética de las Facultades de Educación y Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Surcolombiana convoca a Audiencia Pública de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo con el propósito de socializar con organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas la problemática económica, social, cultural y ambiental generada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos, así como las sugerencias y propuestas para evitar cualquier desastre socioambiental de grandes magnitudes. El evento se realizará en el Salón Auditorio Olga Tonny Vidales de la Universidad Surcolombiana, el jueves 28 de mayo de 2015 de 8 a.m. a 2 p.m.

Justificación
La Audiencia Pública Ambiental está establecida en el Decreto 330 de 2007, y demás normas concordantes, entre ellas, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 1°, numeral 12 y 72 de la Ley 99 de 1993. En cuanto a la oportunidad, es procedente realizarla durante la ejecución de un proyecto, obra o actividad, cuando fuere manifiesta la violación de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia o el permiso ambiental (Artículo 3, Decreto).

En el caso del Proyecto hidroeléctrico El Quimbo, organizaciones sociales y la Asamblea del Huila en varias oportunidades solicitaron la Audiencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indicando cuáles de las obligaciones previstas en la Licencia y en las resoluciones que la modificaron, no han sido cumplidas por la empresa, teniendo como fundamento para tal afirmación lo manifestado por el Ministerio de Ambiente, en algunas resoluciones, autos y conceptos técnicos en los que se ha pronunciado sobre el incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, así como la información aportada por la empresa en los ICA. Las solicitudes fueron negadas sin los argumentos de forma y de fondo que establece la Ley. (ver registro fílmico en  http://www.youtube.com/watch?v=ZJ1XB6CoqwU)

Con fundamento en la Constitución Política y particularmente de la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional que reconoce el Derecho a la Participación como una manifestación del principio democrático del Estado Social de Derecho y ante las afectaciones económicas, sociales, ambientales y culturales causadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y reconocidas, incluso, por la Contraloría General de la República,  la Defensoría del Pueblo, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la Corte Constitucional, El Consejo de Estado, Organizaciones Ambientales, Grupos de investigación, entre otros, el grupo integrante del Macroproyecto de  Acompañamiento a organizaciones Sociales encuentra plenamente justificada la Convocatoria a Audiencia Pública Ambiental de Seguimiento al Proyecto El Quimbo como un espacio de socialización de la problemática y de las medidas adoptadas para prevenir y o mitigar los daños causados, especialmente, en estos momentos que se viene presionando el llenado del embalse desconociendo la advertencia de la Contraloría, según la cual “es claro que sobre el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, existen serias dudas e incertidumbres sobre diferentes aspectos, entre los más relevantes, la cualificación, magnitud y valoración de los impactos ambientales y sociales derivados de dicho proyecto, las compensaciones previstas, el menoscabo al patrimonio arqueológico del país y los factores de riesgo asociados a sistemas de fallas geológicas presentes en el área de influencia directa del proyecto”.

La Agenda
La Audiencia se desarrollará en dos momentos:  Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 del medio día, las Instituciones Gubernamentales, Entidades con responsabilidad en el cumplimiento de la Licencia Ambiental y Delegados de las Organizaciones de población afectada por el proyecto, presentarán informes sobre las medidas de seguimiento y control, así como los casos significativos en que no se cumplió con lo reglamentado en la Licencia Ambiental.

En el segundo momento, de 12:15 a 2:00 p.m., las organizaciones de afectados y asistentes a la audiencia tendrán la oportunidad de intervenir y dirigir preguntas sobre los informes presentados. 

Los convocados
A la Audiencia han sido convocadas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Contraloría General de República, la Defensoría del Pueblo, La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, La Asamblea Departamental, La Gobernación del Huila, El Consejo Departamental de Patrimonio, El Programa Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Diócesis, Senadores de la República, El Tribunal Administrativo del Huila, las Organizaciones de Empresarios Piscícolas, Organizaciones Sociales y Ambientales.

El Audiencia será un espacio público con acceso a la población en general. 
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miércoles, 20 de mayo de 2015

EMGESA DEJA SIN AGUA A POBLACIÓN REASENTADA EN LA GALDA


Dos semanas llevan sin servicio de agua potable las nueve familias que han sido trasladadas a la zona de reasentamiento denominado La Galda en el municipio del Agrado.


Reasentamiento La Galda. Foto: Asoquimbo


Con Interrupciones constantes del servicio de agua potable han tenido que vivir hace dos semanas las familias que fueron trasladadas de la vereda San José de Belén a la zona de reasentamiento denominado La Galda en el municipio del Agrado, por la Instauración del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

“Al principio teníamos agua, pero ya llevamos dos días sin el servicio de agua potable y desde hace dos semanas se venían presentando interrupciones constantes, era poca el agua que bajaba, EMGESA, nos había prometido que el agua no nos iba a faltar aquí”, sostiene don Jeremías Bravo Vargas, quien desde el 12 de abril fue reasentado a La Galda.

La situación es preocupante debido a que la empresa ha incumplido con sus compromisos y lo estipulado en la Licencia Ambiental, la cual define que para efectuar el traslado de las familias EMGESA, debía tener terminada en su totalidad las obras de reasentamiento, garantizado los servicios básicos (agua potable, alumbrado público, energía y tratamiento de aguas potable y residuales); Además del sistema de distrito de riego para el desarrollo de sus cultivos.

“Emgesa realizó un convenio con empresas públicas del Agrado y Pital, ellos se comprometieron a mantener el agua las veinticuatro horas pero ahora ya comenzaron a fallar porque no tenemos agua, la poca agua que logramos recoger nos toca tasarla y para bañarnos o lavar la ropa nos toca ir a la quebrada, nos han incumplido” agrega don Jeremías.

Es así como la empresa ha venido vulnerando los derechos fundamentales de las familias, debido a que La Galda, no cuenta con servicio domiciliario de agua potable propio, lo cual no garantiza la calidad, cantidad, continuidad y presión, exponiendo a la comunidad a quedar en cualquier momento sin el suministro y abastecimiento del líquido vital.

Según EMGESA, las familias de las veredas serian reasentadas una vez finalizaran los trabajos de construcción y recibieran, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Licencia Ambiental, un predio para la reactivación de su actividad productiva, las familias han sido reasentadas sin culminar la construcción y adecuación de infraestructura y servicios, es evidente que la empresa ha violado los derechos fundamentales de la comunidad al haberlos reasentado sin garantizar sus derechos fundamentales y una de las necesidades básicas como lo es el agua.

Por: Juan Guillermo Osorio Rangel
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