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martes, 15 de enero de 2013

Los afectados de El Quimbo, más de los censados; somos todos

El proceso de registro de un nuevo censo realizado por Asoquimbo evidencia que son muchos más los afectados que Emgesa y La Anla quieren desconocer, afectado las actividades productivas de la población y creando un enorme problema social en la zona.



 El registro de personas que se consideran afectadas y que no fueron censadas por EMGESA-ENDESA ENEL fue realizado nuevamente por Asoquimbo en vista que no se quiere cumplir ni garantizar por ningún ente de control la garantía de los derechos de la población.

 Asoquimbo registró desde el 26 de diciembre de 2012 hasta el 13 de enero de 2013 a las poblaciones reconocidas en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que se consideran afectadas y no fueron incluidas en el Censo Socioeconómico de Emgesa.

 Los afectados deberán certificar la vulneración de los derechos fundamentales teniendo como referentes, el artículo 10, literales 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 de la Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, el Informe de la Contraloría General de la Nación sobre el Censo de Emgesa que concluye que “continua abierto” y el Fallo del Consejo de Estado, proferido el 6 de noviembre de 2012, que tuteló los derechos al debido proceso, trabajo e igualdad de un constructor afectado de Gigante y que “previene a Emgesa S.A. ESP para que en adelante se abstenga de incurrir en conductas que generen exclusión o discriminación frente a personas que puedan estar en la misma condición del señor Cristian Fernando Monje Pérez y en caso de verificar que tal situación se presente, proceda a inscribirlos en el censo socioeconómico”.

 Una vez terminado el registro de las poblaciones se adicionará al Derecho de Petición dirigido al Consejo de Estado, La Contraloría, La Procuraduría, La Defensoría, la ANLA, a quienes se les solicita se “ordene a EMGESA actualizar y complementar el CENSO de población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y se identifiquen los impactos y medidas a que haya lugar, teniendo en cuenta el listado de población excluida del censo socioeconómico de afectados por la construcción de la hidroeléctrica el QUIMBO”.
 Es de competencia de los mencionados organismos tomar la decisión sobre la actualización y complementación del censo. Hasta el día 9 de enero de 2013, se habían registrado aproximadamente 6 mil personas que hacen parte de las poblaciones afectadas y no censadas por Emgesa ENEL Endesa.



LA ANLA EVADE RESPONSABILIDAD FRENTE A DECISIÓN DE LA CGR Y EL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL CENSO DE AFECTADOS DEL QUIMBO  

La Contraloría General de la Nación, mediante Oficio de agosto 23 de 2012, presenta el informe final obtenido  en desarrollo de la “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-“ y anunció el “envío de comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa. El ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo¨.

La Contraloría General de la República, señala que “La actualización de la línea base y el censo resultan fundamentales para hacer efectiva la compensación por daños causados y la restitución de la actividad productiva de todas las poblaciones afectadas directa e indirectamente por el PH el Quimbo.” En dicho documento señala que las falencias encontradas en el diseño de la metodología y la concepción del censo inevitablemente llevarían a una distorsión de los resultados. Que el censo realizado por EMGESA no involucró la totalidad del área y además no hubo citación previa a las comunidades donde se les informara sobre dicho proceso. Que realizó tres censos disímiles en el 2007, 2008 y 2009 desorientando y desinformando las comunidades, desconociendo a su vez la información oficial y posible de revisar en el Instituto Geográfico Agustín Codassi, el SISBEN y la electrificadora del Huila.

En dicho informe la  Contraloría ratificó que, “el censo continua abierto”  y que “nunca ha cambiado la posición frente al informe del mismo…” y advirtió a los alcaldes y concejales de los municipios directamente afectados de incurrir en faltas disciplinarias de ser aprobados los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, asesorados y financiados por Emgesa a través de CODEIN.

En el mismo informe, con relación a la Producción Pesquera vigencia 2009-2011 (páginas 11 a 13), la CGR consigna que “Analizando el informe del INCODER sobre la productividad de los pescadores artesanales del Municipio de Hobo se establece una disminución de 7.95 toneladas entre el año 2009 y diciembre del año 2011, causado por diferentes motivos entre ellos por la puesta en marcha de las obras del Quimbo en el año 2010. La construcción de dicha obra generó una afectación ambiental representada en la muerte de 917 peces, tal como lo reporta la empresa al MADS”.

Después de hacer referencia al informe presentado por Ingrid Lizette Moreno Yunda, personera del municipio del Hobo de fecha 19 de diciembre de 2011, la CGR concluye que “Por lo anterior consideramos que los pescadores de Hobo tienen una afectación indirecta, en especial la que se estableció en la Resolución 1096 del 14 de junio de 2011 numeral 1.2 Presentar los soportes que evidencian la aplicación de las medidas de compensación necesarias para restituir la actividad económica de las personas y gremios que han visto afectados sus ingresos…” y los pescadores del Hobo se han visto perjudicados en sus ingresos por la disminución de la oferta”

El 15 de septiembre de 2012, ASOQUIMBO presentó  derecho de petición a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, solicitando información sobre las acciones adoptadas, con el propósito de verificar el cumplimiento de varias obligaciones establecidas en la licencia ambiental, y solicitando además, que  se ordenara a EMGESA actualizar y complementar el CENSO de población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y se identifiquen los impactos y medidas que deberían ser adoptadas.

En respuesta al Derecho de Petición –DPE -0657-12, radicado 4120-E1-49158 del 26 de septiembre de 2012, la  ANLA manifestó respecto al hecho 1 (Actualización del Censo), lo siguiente: “Frente al tema del censo, vale la pena precisar que éste ya se encuentra cerrado y no será objeto de apertura”.

La anterior decisión es arbitraria debido a que la resolución 899 de 2009, mediante la cual se otorgó licencia ambiental para la construcción del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, estableció una serie de obligaciones a cargo de la empresa beneficiaria de la mencionada licencia, dentro de estas se encuentran las siguientes:

- La obligación consagrada en el artículo 10 de la resolución 899 del 2009, numeral 1.1.2, según la cual,  la empresa deberá:

Actualizar la información relacionada con las poblaciones ubicadas en el área de Influencia Directa y ubicadas en las cabeceras municipales que se verán afectadas por la presión migratoria, las áreas rurales cuya dependencia económica o sus redes sociales se ven afectadas por el proyecto y las áreas que quedarán junto al embalse o  abajo de la presa. Esta información será presentada en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) complementando los impactos ocasionados por afectación de la base económica, social y cultural y las medidas de manejo para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sociales y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

- La obligación contenida en el  numeral 1.2.2 del artículo 10 de la resolución 899 del 2009, modificado por la resolución 1628 del 2009, que establece lo siguiente:

EMGESA S.A. E.S.P. deberá incluir en la actualización del Censo para 2009 las categorías identificadas en los grupos poblacionales descritos en el cuadro denominado “Cuadro de Compensaciones por Reasentamiento”, así como las siguientes: Areneros, paleros, Mayordomos, Jornaleros, Transportadores, Arrendatarios de predios, Grandes arrendatarios de predios con vinculación de mano de obra, Partijeros. Contratistas, Comerciantes o productores que hacen parte de las cadenas productivas, Pescadores artesanales y piscicultores, Población receptora (se considera como vulnerable por las afectaciones que puede ocasionar la presión de nueva población en su territorio), Madres cabeza de familia,  Adultos mayores jefes de hogar, Población ubicada en el área de ronda de protección del embalse, Otros grupos poblacionales afectados.



- La obligación contenida en el numeral 1.2.1 del artículo 10 de la Resolución 899 que establece lo siguiente:

 “La Empresa deberá identificar previamente todas las actividades productivas impactadas y a todas las comunidades y personas cuyas base económica se vea afectada por el proyecto e incorporarlas en el proyecto de “Indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida”. Esta información deberá ser avalada por las autoridades municipales, la defensoría del pueblo y las comunidades que se verán afectadas”.

En el  Artículo Primero de la Resolución 3512 del  13 de noviembre de 2012, la ANLA dispuso lo siguiente: “requerir a la Empresa Emgesa para que en el término de dos (2) meses de cumplimiento a las siguientes obligaciones”, entre las que se destaca:

c) “Formular e implementar una estrategia para el manejo de las expectativas de la población relacionadas con la inclusión en el censo y por la compensación por la afectación a actividades productivas, así como de los entes de control en el mismo sentido de considerar que hay ciudadanos que deberán ser sujetos de compensación, y no fueron considerados en el censo inicial. Al respecto,  es necesario señalar que esta estrategia deberá guardar coherencia con lo requerido en el programa de reasentamiento”


Es necesario que esta decisión sea aclarada y precisada por la ANLA, pues es confuso que en actos administrativos anteriores, (radicado 4120-E1-49158 del 26 de septiembre de 2012) e incluso en la resolución 3512,  afirme que el Censo no se abrirá para incluir a los afectados que no aparecen dentro del mismo, y luego, en la misma resolución 3512 ordene que la empresa debe desarrollar una estrategia para el manejo de las expectativas de la población relacionadas con la inclusión en el censo y por la compensación por la afectación a actividades productivas.

El 22 de Septiembre de 2012, en el Municipio de GIGANTE, se designaron Veedores Ciudadanos de  la Fundación Curíbano, tercer interviniente en el Licenciamiento del PH el Quimbo, la Asociación de Afectados por el PH el Quimbo, ASOQUIMBO,  la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, Corporación Com-Unidad para el Desarrollo Social, con el acompañamiento del Equipo Gestor de la Red de Veedurías Ciudadanas del Departamento del Huila para el proceso de elaboración del Censo de población ordenado por la Contraloría General de la República. El 24 de septiembre se radicó ante la Personería del Municipio de Gigante. Estos Veedores serían  los responsables de hacer seguimiento y vigilar el cumplimiento de las decisiones de la CGR y del Consejo de Estado.

El 30 de octubre de 2012, los Veedores Ciudadanos solicitaron a la Contraloría General de la República informe sobre el cumplimiento del proceso de actualización del censo solicitado por su despacho a la ANLA en cuanto  “se ordene a EMGESA actualizar y complementar el CENSO de población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y se identifiquen los impactos y medidas a que haya lugar.” Además,  se “indique cual es el paso a seguir para la sociedad civil organizada en esta veeduría, que encuentra un gobierno abiertamente en desobediencia con su autoridad”.

Mediante sentencia del Consejo de Estado, proferida el 6 de noviembre de 2012  se tutelaron los derechos fundamentales de un afectado por el Proyecto El Quimbo. La Acción de Tutela  que dio lugar a esta decisión fue  interpuesta por Cristian Fernado Monje Perez.  En la parte resolutiva, el Consejo de Estado ordenó “amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo del actor. En consecuencia ordena a Emgesa S.A. ESP que proceda a inscribirlo en el censo socioeconómico para la población afectada por la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, dentro del término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia”.

Igualmente, “el fallo del Consejo de Estado previene a Emgesa S.A. ESP para que en adelante se abstenga de incurrir en conductas que generen exclusión o discriminación frente a personas que puedan estar en la misma condición del señor Cristian Fernando Monje Pérez y en caso de verificar que tal situación se presente, proceda  a inscribirlos en el censo socioeconómico”.

En la notificación que hace el Consejo de Estado “se previene a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional del Huila, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería y a la Alcaldía del municipio de Gigante para que en lo sucesivo ejerzan sus funciones constitucionales y legales de protección de los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad y las demás a que haya lugar, dentro del marco señalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Licencia Ambiental No. 899 del 15 de mayo de 2009”.

El 8 de diciembre de 2012 se realizaron las Asambleas de Asoquimbo en el Centro Recreacional Manila del municipio de Garzón y en el Colegio Nacional de Gigante Huila, con la presencia de cerca de 2. 500 afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, la mayoría no incluidos en el censo de Emgesa y poblaciones que no han sido reasentadas ni compensadas y que demandan la suspensión inmediata de la Licencia Ambiental y la indemnización por los daños causados, entre ellos: jornaleros, partijeros, mayordomos, pescadores, piscicultores, comerciantes, constructores, volqueteros, areneros, transportadores, paleros, madres cabeza de familia, adultos mayores jefes de hogar, propietarios, poseedores y ocupantes de predios, otros grupos poblacionales.

Los participantes destacaron  la decisión  de la Contraloría General de la República -CGR- de  adelantar el proceso de responsabilidad fiscal por más de 352.000 millones de pesos contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por detrimento patrimonial, ante la destrucción de las cadenas productivas y el ambiente, que explican las protestas contra el Proyecto El Quimbo.

El 20 de diciembre de 2012, la ANLA en respuesta al radicado 4120-EI59134, del 12 de diciembre de 2012 de Asoquimbo donde se le remite el Fallo del Consejo de Estado Censo Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y el anuncio de un Paro Cívico Regional http://millerdussan.blogia.com/2012/121001-asambleas-convocadas-por-asoquimbo-se-comprometen-con-paro-civico-regional-en-el.php expresa, sin comprometerse con la expedición de un Acto Administrativo que  obligue a Emgesa a la apertura inmediata del censo para garantizar el amparo a los derechos vulnerados a los excluidos del mismo, lo siguiente:

“En atención al comunicado de la referencia, mediante el cual adjunta el Fallo del Consejo de Estado del 6 de noviembre de 2012, que ampara los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo y ordena a Emgesa inscripción en el censo socioeconómico a Fernando Monje Pérez y medidas preventivas frente a la exclusión o discriminación de afectados por el proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que no han sido censados, atentamente me permito manifestarle que este se tendrá en cuenta en los próximos seguimientos que se realicen al proyecto”


El sábado 22 de diciembre de 2012 se realizaron Asambleas convocadas por Asoquimbo en los Municipios de Garzón y Gigante con la participación de más de 3.500 afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. Se contó con la presencia de Catherine Herrera M., coordinadora del Sistema Nacional DDHH y DIH de la presidencia y  John Alexander Riaño, asesor DESCA del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.,  quienes recogieron las denuncias de violación de los  DESCA y la exigencia de incluirlos en el Censo e indemnizarlos por los daños causados.

Entre el miércoles 26 de diciembre de 2012 y  el 15 de enero de 2013 se recopilará en los municipios de Gigante, Garzón, Agrado, Pital y Hobo  un listado de población excluida del censo socioeconómico de afectados por la construcción de la hidroeléctrica el quimbo, la cual se aporta al Derecho de Petición solicitando al Consejo de Estado, La CGR, la ANLA, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo  se “ordene a EMGESA actualizar y complementar el CENSO de población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y se identifiquen los impactos y medidas a que haya lugar”.

Mientras tanto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, no ha modificado su postura según la cual “el censo ya se encuentra cerrado y no será objeto de apertura” evadiendo su responsabilidad directa de amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo de las poblaciones afectadas actuando, en connivencia con Emgesa, como ente de exclusión  o discriminación de dichas poblaciones. Para la ANLA la decisión del Consejo de Estado, simplemente “se  tendrá en cuenta en los próximos seguimientos que se realicen al proyecto” burlándose de la determinación del Alto Tribunal y de la CGR.


 Así lo registraron los medios:


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Reclaman por inscripción a lista de afectados

Aumenta lista de afectados por El Quimbo

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