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viernes, 31 de enero de 2014

La Usco no debe responder a la actual Agenda de productividad y competitividad

Ahora que se aproximan las  elecciones a la rectoría en la Usco hay que votar de manera consecuente por Una Universidad que responda a los problemas sociales. El reto principal de la Universidad Surcolombiana hoy, es la producción de conocimientos y la generación de innovaciones para responder a los problemas que demanda el contexto sociocultural y tecno-científico.


Para responder a las demandas de la Región y el País se requiere repensar colectivamente el Proyecto Educativo de la Universidad Surcolombiana,  no sólo por parte de la Comunidad Académica sino de las organizaciones de la sociedad ante el reto de construir un nuevo modelo de desarrollo  ecosocial, no monetarista y que responda a las necesidades sociales y a la conservación del equilibrio ecológico. Es decir, contribuir a cambiar el modelo neoliberalextractivista- financiarista que destruye nuestros territorios, la biodiversidad y lasorganizaciones sociales para incrementar la rentabilidad económica de las grandes corporaciones del capital.

Para responder al reto del “posconflicto”, la universidad debe producir y apropiar conocimientos para contribuir a la solución de los graves problemas que hoy hacen parte de la conflictividad que vive nuestra región6, profundizados por “la acumulación por despojo”.

La Agenda de productividad y competitividad se definió conforme a las demandas de los Tratados de Libre Comercio y las exigencias del sistema financiero internacional para imponer los proyectos definidos por las empresas transnacionales minero- energéticas, de agronegocios y de comunicaciones, etc. Los resultados han sido desastrosos. Decrecimiento del desarrollo industrial por debajo de cero, disminución creciente de las exportaciones a favor del incremento de las importaciones; crisis del sector agropecuario sin precedentes que se expresó en los recientes paros agrarios; destrucción de la producción, de los ecosistemas y proyectos de vida de las comunidades afectadas por la política minero-energética (caso Quimbo, páramo de miraflores,etc,); incremento del desempleo, de la economía informal y de la delincuencia, entre otros.

Durante la reciente Cumbre para la Competitividad, realizada en Neiva del 12 al 14 de diciembre, los Gobernadores del Huila, Valle, Tolima, Nariño, Cauca, Meta, Caquetá, Amazonas y Putumayo, acordaron una Alianza Regional del Sur de Colombia para la Competitividad y la Paz y reconocieron “los bajos niveles de competitividad en la Región y los bajos índices de pobreza que están por encima del promedio nacional (32.7%)” y la necesidad de “prepararnos para el posconflicto”.

La solución es mantener la misma fórmula fallida del “incremento de la rentabilidad económica a través de la competitividad” garantizando las mejores condiciones de inversión y ganancia al capital transnacional (Endesa, Enel, Emerald Energy, Hydrochina, Drummond, Monsanto, etc.), es decir, continuar destruyendo la producción de nuestros campesinos y pequeños propietarios, las empresas solidarias, los ecosistemas y en general todos los sistemas bióticos.

Mientras sólo piensan en favorecer a pocos caciques y manzanillos del Huila que se conforman con las migajas y desechos que les tiran las empresas transnacionales, en el mundo surgen otras formas de pensar en el mejoramiento de la calidad de vida humana y de todos los seres vivos. Jeni Klugman, del Equipo de Género y Desarrollo del Banco Mundial sostiene que “la equidad es la política más inteligente”. Es decir, opone competitividad a equidad. Por su parte la ONU integró un grupo de 60 expertos internacionales entre científicos, filósofos, economistas y líderes espirituales para desarrollar la propuesta 65/309 “Felicidad: Hacia un Desarrollo Holístico”, un nuevo paradigma económico mundial, basado en la felicidad y el bienestar de todas las formas de vida, que deberán presentar en la Asamblea General de la ONU en 2013 y 2014. El director del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile, Manfred Max- Neef, uno de los integrantes, indicó que “este proyecto es un cambio mundial que va a tener un tremendo impacto y el hecho que lo haya asumido la Asamblea General de la ONU es algo inédito y que nunca había ocurrido. Es primera vez en la historia que la Asamblea asume la necesidad de un cambio paradigmático total y a fondo”.

Estoy seguro de que quienes convocaron al Foro sobre Universidad y Competitividad, no les cabe en la cabeza pensar de otra manera porque se sienten bien con lo que reciben, sin mayor esfuerzo, y sin preocuparse por las condiciones de pobreza.

Además, se atreven a pedirle cuentas a la Universidad cuando denigran de ella por ser pública y permanentemente la bloquean para favorecer a las privadas donde participan de sus ganancias. Recursos públicos son entregados a otras instituciones como lo denunció recientemente el periódico La Nación al señalar que el Gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte, estableció un convenio especial de cooperación para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología con la Corporación Politécnica Nacional de Colombia y le entregó 22 mil millones de pesos a esta entidad privada”, para que derroche tan significativos recursos públicos.

Cabe recordar que el mismo gobernador se ha negado a pagar la deuda de "estampilla pro-USCO" que supera los 20 mil millones de pesos y que son aportes de los ciudadanos.

Mientras esto ocurre, se continúa con la “confianza inversionista” entregando nuestro territorio a Endesa Enel Emgesa. Emgesa solicitó al Ministerio del Interior se certifique "sobre la presencia o no de grupos étnicos en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse" para la construcción de la Hidroeléctrica OPORAPA (certificado Número 1245 de 25 de junio de 2012 del Ministerio del Interior) y a la ANLA "pronunciamiento acerca de la necesidad de presentar o no Diagnóstico Ambiental de Alternativas Proyecto Hidroeléctrico Oporapa (respuesta a radicados 15 y 18 de noviembre de 2013).

Tanto el Ministerio del Interior como la ANLA y el Gobierno Departamental mantienen la información en secreto, atentando contra el Derecho a la Información y a decidir libremente por parte de las comunidades sobre los proyectos a desarrollar en sus territorios.

La Universidad también tiene su cuota de responsabilidad debido a que en sus Planes de Desarrollo, transcribe la “Agenda de Productividad y Competitividad” y su compromiso con ella, sin ninguna reflexión crítica, y coyunturalmente se vincula a través de convenios como el suscrito con Emgesa con la pretensión de lavarle el rostro ecocida a la Empresa a cambio de recursos financieros que favorecen intereses particulares.

Para responder a las demandas de la Región y el País se requiere repensar colectivamente el Proyecto Educativo, no sólo por parte de la Comunidad Académica sino de las organizaciones de la sociedad ante el reto de construir un nuevo modelo de desarrollo ecosocial, no monetarista y que responda a las necesidades sociales y a la conservación del equilibrio ecológico. Es decir, contribuir a cambiar el modelo neoliberal extractivista-financiarista que destruye nuestros territorios, la biodiversidad y las organizaciones sociales para incrementar la rentabilidad económica de las grandes corporaciones del capital.

Frente a la Terna

En ninguna universidad del mundo el órgano superior de dirección (caso Consejo Superior USCO) decide por qué candidatos hay que VOTAR. Es la Comunidad Académica quien de manera autónoma decide a quien nombrar después de haber establecido rigurosos requisitos académicos.

No existen criterios de valoración de la hoja de vida y de la propuesta programática debido a que se utiliza un mecanismo de votación donde en cada ronda se van descartando a los aspirantes que tengan el menor número de Votos hasta integrar la terna que requiere de seis votos mínimos. Es por esta razón que desde que se estableció el anterior mecanismo, miembros del Consejo, previo a la sesión de sustentación, ya han negociado quienes ingresan a la terna. Por lo general siempre se imponen los candidatos del Gobierno y del sector productivo o quienes estén comprometidos con los partidos políticos tradicionales a quienes se les otorga el respectivo aval. Recuerden que en el Consejo Superior los sectores externos son mayoritarios y, en muchos casos logran comprometer a representantes de estudiantes, profesores y egresados en el juego de negociaciones, donde priman intereses políticos o personales.

En la reciente selección de la terna, la representante del Ministerio de Educación, de manera autoritaria exigió a todos los miembros que votaran no transmitir las exposiciones de cada uno de los aspirantes, negando a la comunidad académica y a los medios de comunicación el derecho a la información. Más grave aún cuando el cargo de Rector de la USCO es de naturaleza pública y los electores tienen derecho a conocer todo el proceso de designación. No es posible aceptar el secretismo porque es contrario a la transparencia.

Debo aclarar que quienes fueron designados en la terna al igual que todos los doce aspirantes cumplían los requisitos para aspirar al cargo. ¿Por qué razón, entonces, el Consejo Superior, se ha negado a aprobar la elección directa por parte de la Comunidad Académica, reconocida por la Constitución y la Ley como el Constituyente primario en la Universidad? Es denigrante que 9 personas, sin mediar ningún criterio de valoración de las hojas de vida y la propuesta programática, decida por quien una Comunidad Pensante debe Votar? ¿Qué tipo de ciudadanos profesionales estamos formando, según nuestra misión institucional, con este macabro mecanismo de designación de rector en la USCO? ¿Donde queda la participación democrática, principio fundante de nuestra Constitución Política?

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