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miércoles, 11 de diciembre de 2013

Solicitud de Medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Nueva  esperanza para la protección del Río Magdalena  y  las comunidades afectadas por la construcción de la represa "El Quimbo"

El 10 de diciembre de 2013, día de los Derechos Humanos, la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO) y el Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA, han presentado ante el Sistema Interamericano de  Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para proteger los derechos humanos a la vida e integridad de la población afectada por este proyecto situado en el departamento del Huila, sobre el cauce del río Magdalena.

Demostrada la gravedad de los impactos ambientales, socio-económicos y culturales que ha ocasionado y ocasionará la construcción y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, impactos que en su mayoría no han sido reconocidos por la empresa propietaria del proyecto (EMGESA); considerando así mismo la situación de desplazamiento y persecución que padecen las comunidades afectadas; y ante la inminencia del llenado de la represa, previsto para el próximo mes de abril de 2014;  ASOQUIMBO resolvió presentar esta solicitud de medidas cautelares buscando se ordene LA SUPENSIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO y se inste al Gobierno Nacional a que, en ejercicio de su rol de garante de los derechos de las comunidades afectadas, evalúe de forma integral y prevenga la totalidad de los impactos negativos generados por este Proyecto Hidroeléctrico, cuyas afectaciones recaen sobre más de 12.000 huilenses.

El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo es un proyecto de la empresa colombo-española EMGESA, propiedad de la empresa italiana ENEL. Las obras para su construcción tuvieron inicio en el año 2008, tras un controvertido y poco transparente proceso de licenciamiento ambiental. El proyecto, que se desarrolla en la cuenca alta del río Magdalena, prevé inundar 8.586 hectáreas de las tierras más productivas a nivel agropecuario del departamento del Huila, las cuales producen anualmente unas utilidades de más de 33.000 millones de pesos. Se calcula que los impactos de la represa sobre las cadenas productivas afectarán a más de 12.000 personas, de las cuales sólo han sido reconocidas 1.537 por parte de la empresa,  dejando por fuera a más de 10.400 personas cuyo sustento diario depende del río y de las tierras aledañas. Las obras siguen su marcha a pesar de las múltiples denuncias y advertencias de las diferentes autoridades departamentales y nacionales, que en varias oportunidades solicitaron su suspensión. Al día de hoy el llenado del embalse está previsto para el próximo mes de abril de 2014, lo cual ocasionará un daño irreversible, irreparable y de gran magnitud para todas las colombianas y colombianos.

El diálogo con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y la formulación de esta solicitud de medidas cautelares, se emprenden tras haber agotado en el transcurso de los últimos cinco años, prácticamente todos los mecanismos internos que ofrece el ordenamiento jurídico colombiano para la exigibilidad de los derechos de las poblaciones afectadas, esfuerzos que han resultado infructuosos, pues nunca se tradujeron en el reconocimiento integral de los impactos ocasionados y por ocasionar en el marco de la implementación de este  proyecto.

A través de esta solicitud de medidas cautelares, esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alcance a dimensionar la irreversibilidad de los impactos y la urgencia de su actuación para salvaguardar los derechos a la vida e integridad de las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, las cuales se encuentran en seria desprotección ante una política pública  que afecta  a miles de campesinos y pescadores del Huila que, de no evitarlo, en los próximos años  verán la degradación progresiva del río más importante de Colombia: el río Magdalena.

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