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martes, 10 de diciembre de 2013

Asoquimbo Solicita a la Contraloría Protección a la Seguridad Alimentaria

Neiva, Huila, Diciembre 7 de 2013

Doctora
SANDRA MORELLI RICO
Contralora General de la República -CGR
Doctor
MAURICIO CABRERA
Contralor Delegado para el Medio Ambiente

c.c.
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLACONSEJO
DE ESTADO
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
PROCURADURIA DELEGADA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA
PROCURADURIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE
PROCURADURIA REGIONAL DE HUILA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Referencia: Derecho de petición mediante el cual se solicita se proteja la
seguridad alimentaria, como patrimonio de la Nación, ante la destrucción de la
producción agroalimentaria de la zona de El Quimbo, agravada por las órdenes
de expropiación de predios objeto de reasentamiento.

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroélectrico El Quimbo –ASOQUIMBO-,
Nit 900308358- se dirige a usted en ejercicio del derecho de petición, consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso
Administrativo, con fundamento en los siguientes:

I. HECHOS

1.- La Procuraduría General de la Nación había solicitado al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy MADS), el 9 de mayo de 2009, “abstenerse de
otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”, debido a que
“no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de
la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es
difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras
semejantes”.

2. La dificultad de “restituir la actividad productiva” fue confirmada por la Contraloría
General de la República, -CGR- el 28 de febrero de 2011, en documento sobre
“Consideraciones técnicas para apertura de indagación preliminary al MADS por
proceso licenciatorio PHE -El Quimbo-“ al consignar que:
“La CGR cuenta con información de campo en el sentido de que se está procurando
reasentar a comunidades afectadas en áreas en producción, con lo cual no se estaría
restituyendo las áreas y actividades productivas afectadas por la inundación, si no su
reemplazo. Lo anterior, desdice de la seriedad de la Empresa Emgesa S.A. para dar
cabal cumplimiento a sus obligaciones. Esta situación está generando conflictos entre
las comunidades por divisiones entre las mismas, con la consecuente ruptura de su
tejido social, tanto de las que buscan ser reasentadas como las que serían desplazadas
por los reasentamientos de las primeras. También se ha recibido información en el
sentido de que se está ofreciendo dinero a las comunidades y afectados, para que las
mismas lleven a cabo la compra de tierras, lo que contradice lo estipulado en la
Resolución 899 de 2009, que prioriza como primera opción el reasentamiento de las
comunidades, todo ello ante la mirada e inacción de las Autoridades competentes”.

3.- En efecto, ni el Ministerio de Ambiente, ni Emgesa, ni el Ministerio de Agricultura
han dado cumplimiento a la “restitución de la actividad productiva” tal como quedó
establecido en la Licencia que incorporó integralmente el “Documento de Cooperación
celebrado entre la Gobernación del Huila, los Municipios del Agrado, Garzón, Altamira,
Gigante, Paicol y Tesalia, el Ministerio de Minas y Energía, de Agricultura y Emgesa”, en
cuyo, numeral tres, artículo primero, Capítulo I, establece que Emgesa “Asume el costo
de adecuar dos mil novecientas (2.900) has de riego adicionales a las contempladas en
el Plan de Manejo Ambiental, hasta completar 5.200 ha. proporcionalmente a la
pérdida de cada municipio”; y en el numeral 3 del Capítulo III, es obligación del
Ministerio de Agricultura “Adquirir aproximadamente DOS MIL SETECIENTAS (2.700)
has previa presentación del estudio por parte de EMGESA S.A. de los posibles predios
sobre los cuales construirá la infraestructura de riego por gravedad, para adelantar allí
programas de reforma agraria en la cual se incluyan las comunidades más vulnerables
de la zona de influencia del Proyecto que no sean propietarias (madres cabeza de
familia, partijeros, mayordomos, pescadores, jornaleros y paleros, entre otros), de
acuerdo con lo previsto con el numeral tercero de las obligaciones de EMGESA S.A”.

4.- La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el Auto 3894 de 15 de
noviembre de 2013, expresa que después de realizada “una reunión con la Secretaría
de Agricultura, La Gobernación del Huila, Emgesa, ANLA, INCODER para definir la
adquisición de 2700 hs. para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”, el INCODER
informó que las tierras disponibles más cercanas están en el Municipio de Aipe (en la
región norte del Huila), porque no han encontrado tierras en otro sitio cercano a la
zona de inundación”.

5.- Para garantizar la restitución de la actividad productiva se requieren en total 5200
hs. que corresponden a las 2700 por parte del Ministerio de Agricultura y el resto para
todos los predios que según lo estipulado en la Resolución 899 de 2009, se priorizan
como primera opción para el reasentamiento de las comunidades.

6.- Ante la inexistencia de tierras para el reasentamiento, Emgesa optó por ofrecer
dinero, a los propietarios y poseedores de predios objeto de reasentamiento a
quienes no se les ha garantizado esta primera opción, conforme a lo establecido en la
Licencia Ambiental y, específicamente, como garantía de “restitución de la actividad
productiva”.

7.- El Gerente General de Emgesa publicó una separata en el Periódico La Nación del
Huila, el viernes 6 de diciembre, de cerca de 30 resoluciones, según las cuales “se
decretó y ordenó iniciar los trámites judiciales de expropiación de todos los predios
objeto de reasentamiento bajo el supuesto de “declarar agotada y fallida la etapa de
enajenación voluntaria del área requerida de los predios”, cuando se ha comprobado
la inexistencia de tierras disponibles para el reasentamiento en el área contigua a la
zona a inundar tal como lo había advertido la Procuraduría cuando solicitó al
Ministerio de Ambiente “abstenerse de otorgar Licencia Ambiental para la
construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo”

8.- Los anteriores hechos demuestran que no se cumplirá con lo establecido en la
Licencia Ambiental de “restituir las 5200 hs en producción” atentando contra la
Seguridad Alimentaria, patrimonio de todos los colombianos que debe ser protegido
por la Contraloría General de la Nación.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Artículo 23 de la Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso
Administrativo.

III. PETICION

Por lo anteriormente expuesto, nos dirigimos a la Contraloría General de la República,
mediante el presente derecho de petición, solicitando se tomen de inmediato medidas
para proteger la seguridad alimentaria, como patrimonio de la Nación, ante la
destrucción de la producción agroalimentaria de la zona de El Quimbo, agravada por
las órdenes de expropiación de predios objeto de reasentamiento.

IV. ANEXOS.

Fotocopia parcial de la Separata de 8 páginas publicada por Emgesa en La Nación, el 6
de diciembre de 2013

V. NOTIFICACIONES

Recibiremos comunicaciones relacionadas con la solicitud formulada en la siguiente
dirección: Calle 8 B No. 37 A – 01 Apartamento 303, Torre II El Curíbano, Barrio
Ipanema Neiva Huila Colombia. Celular: 3167555427. E-mail: millerdussan@gmail.com
Atentamente,

Miller Armín Dussán Calderón
Representante Legal de Asoquimbo

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