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viernes, 4 de octubre de 2013

Solicitud de audiencia a la CIDH humanos -caso mega-represas en Colombia

Asoquimbo recibe con agrado la noticia de la convocatoria de Audiencia Temática sobre Extractivismo y Represas convocada por la CIDH para el 31 de octubre. Es un gran logro del Movimiento Rios Vivos y de todas las organizaciones que suscribimos la solicitud. La Comisión Interamericana De Derechos Humanos (Organización De Los Estados Americanos) convoca a Rios Vivos - Asoquimbo para audiencia el 31 de octubre sobre la situación de las personas, comunidades y territorios afectadas por las mega-represas que actualmente se construyen en Colombia.


De nuestra parte, como Asoquimbo habíamos reiterado y sustentado la solicitud de Audiencia Temática en la reunión realizada el 16 de septiembre de 2013 en la sede de CIDH en Washington con E. Debora Benchoan, quien se desempeña como Coordinadora del Grupo de Protección de la CIDH.  La Doctora Benchoan, recibió amablemente el Documento sobre "Solicitud de Audiencia de Carácter Temático sobre la vulneración de los Derechos Económicos, sociales, Ambientales y Culturales, así como los Derechos Civiles y Políticos, como consecuencia de la Implementación de Proyectos Hidroeléctricos en Colombia- 149o periodo de sesiones CIDH.

En esta oportunidad estuve acompañado en la CIDH con Cristina  Espinel, de Colombia Human Rights Committee -CHRC- Organización que Conjuntamente con el Movimiento por la Paz en Colombia de New York y Colombia Vive en Boston  invitaron al Profesor Miller Dussán para participar en la gira de derechos humanos anual coordinada para el otoño del 2013 del 16 al 30 de septiembre  en EUA.

Carta de Notificación de la Audiencia











Desgargue: Solicitud y convocatoria.








Documento de solicitud de la misma.


 Referencia: Solicitud de audiencia de carácter temático sobre la situación de las personas, comunidades y territorios afectadas por las Mega-represas que actualmente se construyen en Colombia. - 147º periodo de sesiones CIDH


Respetado Sr. Álvarez:


Las organizaciones firmantes, nos dirigimos por su intermedio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la CIDH” ó “la Comisión”), con fundamento en lo preceptuado en los artículos 62 y 66.1 de su Reglamento, con el fin de solicitar una audiencia de carácter temático en el marco del 147º periodo de sesiones, para ilustrar a la CIDH acerca de los impactos generados en las personas, comunidades y territorios como consecuencia de la política del Estado Colombiano, -llamada locomotora minero energética-, de expandir la construcción de represas hidroeléctricas en importantes regiones del país, vulnerando derechos humanos tanto civiles y políticos como sociales, económicos, culturales y ambientales.

La audiencia tiene como propósito actualizar a la H. Comisión sobre los impactos provocados por los megaproyectos energéticos en el caso Colombiano1; proponiendo abordar el tema bajo los siguientes aspectos: i) Descripción de la política energética de Colombia y la escasa efectividad de los mecanismos de participación ciudadana tendiente al examen económico, comercial, jurídico, técnico, ambiental, cultural, entre otros aspectos, con respecto de dicha política, y de otro lado, frente al otorgamiento de concesiones y licencias, tanto al sector público como privado, nacional e internacional; ii) la relación de los proyectos energéticos que actualmente se construyen en Colombia con el conflicto armado y las violaciones de derechos humanos protegidos en la Convención americana de los derechos humanos y el Pacto de San Salvador; y iii) presentar recomendaciones de política pública para garantizar la efectividad de los derechos humanos de las personas, comunidades y territorios impactados por las mega-obras.


1 En noviembre 2 de 2009 se realizó una audiencia regional con propósitos semejantes donde no fue tratado el caso colombiano.

i)             Descripción de la política energética de Colombia y el derecho a la participación ciudadana

Colombia es un país megadiverso, rico en aguas lo que lo convierte en un escenario atractivo para empresarios de la energía eléctrica, con una proyección cercana a los 94 mil megavatios, de los cuales hasta hoy, con los proyectos construidos no superan los 14 mil megavatios. Esto implica que la mayor parte de los ríos de Colombia serán intervenidos bajo la actual política energética, comprometiendo las formas de vida de miles de pobladores rurales y semiurbanos. Estas actividades de generación de energía en el mediano plazo resultan insostenibles, pues la vida útil de estos proyectos no supera los 50 o 60 años, y las medida de de mitigación de impactos en Colombia y el mundo han demostrado ser ineficientes e ineficaces, en los casos en que se adoptan.

Por ello la meta del gobierno es aumentar la capacidad instalada antes de 2018 en más de un 32%. Para ello dispone la concreción de proyectos como Hidroituango, El Quimbo, Hidrosogamoso y Porce IV, Termocol y Termoflores y Amoyá. No obstante, la lista no termina allí, pues en total, ante la Unidad de Planeación minero energetica (UPME) se encuentran registrados 70 proyectos de generación eléctrica, de los cuales 38 son hidroeléctricos, 10 proyectos térmicos a gas, 16 proyectos térmicos a carbón, 4 proyectos térmicos a base de combustibles líquidos y dos proyectos térmicos que tienen como fuente el bagazo (UPME, 2010c:64). Aunque otros proyectos menores como las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) no se registran ante organismos del orden nacional.

Los planes de generación de energía eléctrica en Colombia se encuentran en función de las tendencias del mercado regional para lo cual se han constituido los corredores regionales de desarrollo potenciados por la IIRSA y el Proyecto Mesoamérica, así como dependientes de la dinámica que impone el sector minero priorizando en el país. Sin embargo, la construcción de las represas no se adelanta para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales y terminan afectando los modos y formas de vida tradicionales, amenazan la cultura e identidad de numerosos pueblos y, en muchos casos, han impuesto el destierro o el desplazamiento forzado.

No obstante la afectación de las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, mineros artesanales o barequeros, pescadores, la legislación interna no ha facilitado una efectiva participación ciudadana, a través de mecanismos idóneos y expeditos, ni siquiera en aquellos casos en que atendiendo Instrumentos internacionales, se exige la consulta previa, libre e informada. Esta debilidad e insuficiencia legal aplica también para aquellos aspectos relativos a los estudios de los impactos ambientales y la caracterización socioeconómica de los territorios impactados, así como en las reclamaciones de los afectados directamente. Al respecto, sostuvo la Corte Interamericana en relación con el derecho a la libertad de expresión y pensamiento lo siguiente:

79. La Carta Democrática Interamericana2 destaca en su artículo 4 la importancia de “la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Asimismo, en su artículo 6 la Carta afirma que “[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo [… es] una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la



2Cfr. Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones celebrado en Lima, Perú.

democracia”, por lo que invita a los Estados Parte a “[p]romover y fomentar diversas formas de participación [ciudadana]3”.


En todo el proceso de construcción de estos megaproyecto impera la dificultad para el acceso a la información, o lo que se ha denominado como información reservada, la escasa, nula o sesgada socialización y consulta de los proyectos, menos aún cuando se trata de comunidades campesinas sobre las cuales no existe en el país una obligatoriedad en la legislación. Esto obstaculiza o impide la participación de las comunidades sobre todo antes de la entrega de licencias a los proyectos, es decir, durante la etapa de estudios y audiencias de participación, puesto que sin información clara o no hay participación o la que se da es de forma pasiva. Como resultado en el país no se conocen procesos en los que se de una amplia y activa participación de la ciudadanía en la etapa previa, esto solo se da cuando empiezan a presentarse los impactos y vulneraciones a los derechos y las comunidades se ven obligadas a iniciar procesos de reclamaciones por diferentes vías.

La lengua, los altos niveles de analfabetismo y analfabetismo potencial, el abandono estatal y la debilidad institucional local, el aislamiento con relación a las ciudades, la terminología tecnicista, pero sobre todo las debilidades organizativas que ha dejado los procesos de violencia en el país son otros de los principales factores que impiden una real participación de las comunidades y que se profundizarán durante la audiencia.

A la debilidad de los mecanismos de participación ciudadana se suma la insuficiencia de los niveles de supervisión y monitoreo de los órganos control del Estado en la vigilancia de este tipo de proyectos, con lo cual, se mengua también la efectividad de la participación ciudadana.


ii)            Proyectos que actualmente se implementan, impactos en relación con el conflicto armado y la violación sistemática de derechos humanos en esos territorios:

Dentro de la audiencia se abordarán a profundidad los mayores impactos de tres de los actuales megaproyectos energéticos del país ubicados en los departamentos de Santander, Antioquia y Huila. Estas zonas del país donde actualmente se construyen las represas hidrosogamoso, hidroituango y el Quimbo, respectivamente, son de histórica presencia del conflicto armado, generador del desplazamiento forzado de cientos de sus pobladores y la pérdida o limitación del ejercicio de los derechos de asociación, reunión, de libre expresión entre otros. Así mismo, los derechos a la vida, integridad y libertad de los líderes y lideresas son vulnerados de forma sistemática4.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. (Fondo, Reparaciones y Costas)

4  Varios líderes de movimientos sociales en los territorios de impacto de las represas han sido asesinados y desaparecidos forzadamente: los indígenas Kimy Pernía, Lucindo Domicó y el profesor Alberto Alzate, opositores a la represa Urrá I; los campesinos y pescadores Honorio Llorente, Marco Tulio Salamanca, Herbert Cárdenas, Luis Arango y Jairo Rodríguez Caro, opositores a la Represa

Hidrosogamoso donde además se adelantado campaña de amenazas e intimidaciones mediante panfletos, carteles y rumores desde 2009, recientemente fue desaparecido Miguel Ángel Pabón Pabón (31-10-2012), asesinado Gilberto Villamizar y herida su esposa (20-11-2012); en el norte y occidente antioqueño, la agudización del conflicto armado se observa en el aumento de las zonas sembradas con minas antipersonales, las confrontaciones entre grupos armados, la quema de vehículos, las amenazas y la persecución y judicialización de la población civil. En Ituango, una lista de líderes y lideresas campesinas han sido estigmatizados y señalados como auxiliares de la guerrilla, además lideres y lideresas opositoras a la construcción amenazados como colectivo han buscado medidas de protección colectiva ante el estado sin que hasta el momento haya habido respuesta alguna.




Concomitante a esta grave situación de derechos humanos fueron diseñados y hoy se construyen estas centrales hidroeléctricas. Cabe señalar que los territorios de influencia de las represas no han sido protegidos a fin de garantizar a sus pobladores el derecho a la restitución y el retorno5, no se adoptaron medidas tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas con el objeto de avanzar en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y en la elaboración del duelo de los familiares. En igual sentido, los estudios de caracterización socioeconómica de las áreas de influencia se elaboraron en muchos casos encontrándose acreditada la situación de desplazamiento forzado de la población, y sin conocimiento por parte de los afectados de los procedimientos para el reconocimiento como tales.

Otros efectos que se pretenden analizar en la audiencia son los relativos a los daños al medio ambiente, la salud, el trabajo y la soberanía alimentaria. Así mismo, lo concerniente a la vulneración de las garantías judiciales y al debido proceso de las personas directamente afectadas por las represas que se ven sometidas a procedimientos internos regulados por las entidades ejecutoras de los proyectos, (privadas o públicas) imponiendo tarifas probatorias para el examen de las reclamaciones, desconociendo la libertad probatoria en materia administrativa, así como que, además de fijar unilateralmente los montos de las compensaciones, en ellas no se incorporan criterios que permitan el resarcimiento por la destrucción o alteración de los proyectos de vida de las Comunidades y las personas.


iii)          Presentar recomendaciones de política pública para garantizar la efectividad de los derechos humanos de las personas, comunidades y territorios impactados por las mega-obras. En cada uno de estos aspectos se analizaran los siguientes elementos.

Las organizaciones de afectados, sociales, comunitarias, étnicas y de derechos humanos que solicitamos la presente audiencia presentaremos a la H. CIDH y al Estado Colombiano una serie de propuestas de política pública construidas colectivamente teniendo en cuenta criterios ambientales, culturales, étnico territoriales, económicas y de derechos humanos a fin de alcanzar buenas prácticas de participación ciudadana en el diseño de las políticas energéticas, así como en relación a las licencias y concesiones que permiten la construcción de las represas en el país, con el objeto de que el derecho al desarrollo permita potenciar la calidad de vida y el bienestar de las personas y las Comunidades afectadas por estos proyectos.

iv. Solicitud


Con fundamento en los artículos 62 y 66.1 del Reglamento de la Comisión, nos permitimos solicitar una audiencia de carácter temático con participación de las organizaciones peticionarias de la audiencia en la que se consideren los puntos planteados en los numerales anteriores.



Para efectos de la respuesta a la presente solicitud favor dirigirse a la Corporación Jurídica Libertad.


Cordialmente,



Liliana María Uribe Tirado

Abogada

Corporación Jurídica Libertad



Organizaciones Peticionarias

Movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas (RIOS VIVOS). Asociación de Comunidades Afectados por El Quimbo – ASOQUIMBO
Movimiento Social por la Defensa del Río Sogamoso Asociación de Mujeres Ideales de Ituango – AMII ASOPRAI Asociación de productores Agrícolas de Ituango ASCOMI Asociación de Comerciantes de Ituango Asociación de Mineros de Sabana Larga

Juntas de acción comunal de los municipios de Briceño, Toledo, San Andres de Cuerquia, Ituango. Mujeres del Común - Santander
Asociación de pequeños Ganaderos de Ituango - ASOGADI

Asociación de Productores para el desarrollo comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú – ASPROCIG.
Organización de Negros Unidos por los Intereses y la Defensa del Río Anchicayá - ONUIRA. Comité Cívico por la Defensa del Río Guarinó
Consejo Comunitario Mayor de la Toma, Cauca

Observatorio de Conflictos Ambientales, Universidad de Caldas. Otros Mundos Colombia

Censat Agua-Viva. Amigos de la Tierra. Movimiento social por la defensa del río Sogamoso. Corporación Jurídica Libertad

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