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jueves, 14 de febrero de 2013

Asoquimbo en acciones de movilización y resistencia


Hace un año el mundo vio cómo el negocio entre Enel-Emgesa-Endesa y el gobierno colombiano atropellaba el legítimo derecho de las comunidades afectadas a exigir el cumplimiento de la ley en el proyecto hidroeléctrico del Quimbo.


Un hecho al que le antecedía un Paro Regional de 15 días como denuncia de las poblaciones afectadas por la destrucción del puente paso del Colegio y las comunidades que reclamaban la suspensión de la licencia entregada a la Emerald Energy para la instalación de 7 plataformas de explotación petrolera en el Cerro Páramo de Miraflores, y que dio como resultado un acuerdo con el Gobierno Nacional para iniciar 7 Mesas temáticas de Seguimiento y Control para que las comunidades presentaran sus denuncias. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación del Huila y la CAM incumplieron para evitar pronunciarse el 3 de febrero y convocar a una audiencia pública Ambiental como quedó acordado el 17 de enero en Bogotá. Pero las mesas se desarrollaron  con la presencia principalmente de la Contraloría General de la República e  instituciones como el ICA, Ministerio de Agricultura y la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo y los testimonios con pruebas de miles de afectados por el proyecto.

ASOQUIMBO retomó el Paro Regional el 5 de febrero de 2012, fecha en que inició también la resistencia a los sucesivos amparos policivos solicitados por Emgesa-Endesa-Enel para desalojar a los campesinos y pescadores ubicados  sobre la margen izquierda del rio, espacio legitimo según la Ley 1242 de 2008 por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales, en su artículo noveno (9), que declaró COMO BIEN DE USO PÚBLICO una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce de los ríos de la Nación; pero que al final no fue respetado y dejó afectados por gases lacrimógenos, 3 heridos, uno con una lesión grave en su ojo derecho.

Hoy después de un año, se demuestra que el Ministerio de Ambiente, antes de haber aprobado la Licencia Ambiental, debió exigir un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) para evaluar y comparar diferentes opciones, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos (Decreto 1753 de 1994). La voz de alarma sobre el carácter irreversible y la magnitud de los impactos, que hoy valida la Contraloría General de la República al denunciar un detrimento Patrimonial que supera los 352.000 millones de pesos; se confirma pero además la Crisis Humanitaria en la Región como consecuencia de la catástrofe económica, social, ambiental y cultural generada por el Proyecto Hidroeléctrico al ordenar rehacer el CENSO de afectados y afectadas encontrando serias deficiencias al realizado por la empresa.

Asoquimbo, solicita a la CGR,  celeridad en los procesos de responsabilidad fiscal contra la ANLA y su intervención para evitar que continúe la destrucción del patrimonio, la vulneración de los derechos de los afectados y, específicamente, un control de advertencia frente al desalojo violento de afectados cobijados en la “declaratoria de utilidad pública”
Asoquimbo reafirma la decisión de ir al PARO CÍVICO REGIONAL el 14 de Marzo.

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