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martes, 30 de octubre de 2012

La Contraloría tiene la palabra frente burla de la ANLA caso El Quimbo

La Autoridad Nacional Ambiental –ANLA- dio respuesta al Derecho de Petición de Asoquimbo sobre actualización y complementación del censo de población afectada por el P.H. El Quimbo y otras solicitudes relacionadas con la grave problemática generada por Emgesa.


La respuesta de la ANLA, es que  "el censo se encuentra cerrado y no será objeto de apertura", confirmando que está al servicio de Emgesa, burlándose de los resultados  de la investigación realizada por la Contraloría General de la Nación  que constata el hallazgo de “graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y ante la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas”, concluyendo que “el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo” razón por la cual envió “comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa.


Con relación a la apertura de juicio de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la Nación debido al detrimento patrimonial causado por la represa El Quimbo que supera los 352.000 millones de pesos por daños ambientales y sociales, la ANLA responde que “no nos consta”.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- en respuesta   a Asoquimbo, expresa que “el Ministerio de Agricultura no cuenta con recursos para comprar 2700 hectáreas y que este tema debe ser tratado por los Gobiernos departamental (Asamblea y Gobernación) y nacional para buscar una solución”.

La compra de dichas hectáreas quedó incorporada en la Licencia Ambiental del Proyecto para ser adecuadas por Emgesa, con distrito de riego por gravedad y drenaje, para compensar a jornaleros, partijeros, mayordomos, pescadores, entre otros,  que perdieron su trabajo al ser desalojados de las fincas que adquirió la empresa.

Mientras tanto el alcalde de Gigante, IVAN LUNA, acogiendo amparo policivo de Emgesa, ordena desalojar precisamente a los jornaleros de los predios de la Honda a quienes debió restituírsele la actividad productiva con las 2700 hectáreas que el Ministerio de Agricultura se niega a comprar porque no tiene recursos, violando la Licencia Ambiental.

Asoquimbo como respuesta a las burlas de la ANLA, anunció a los medios regionales la propuesta de un Paro Cívico Regional por la Defensa del Territorio y contra todos los proyectos minero energéticos proyectados para el Huila. Espera un pronunciamiento inmediato de la Contraloría General de la Nación.

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