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jueves, 30 de agosto de 2012

¿A qué viene el señor Frank Pearl, Ministro del Ambiente, al Huila?


La Minga en Resistencia que comunidades aborígenes y campesinas del Huila desarrollan en estos días en el departamento seguramente no es el motivo de la visita del señor Frank Pearl, Ministro de la cartera del Ambiente y Desarrollo Sostenible. No es por la gravedad de la situación ambiental del departamento y del río Magdalena; menos será responder por los acuerdos firmados en el puente “El Pescador” entre el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre Tierra y el Gobierno Nacional y regional. No lo creo posible.

Por. Carlos Ernesto Gómez Sánchez
Director Asociación Cultural y Ambientalista del Sur - ACAS.



Muy seguramente viene a desinformar a las comunidades (una vez más), sobre sus logros en un ministerio del que definitivamente conoce poco. Su historial profesional y de gestión nunca había pasado por comprender los asuntos de la vida del hombre y la naturaleza, aunque sí por los avatares de la economía y los intereses privados. Tal vez está en este cargo por la importancia que tiene en la solución política del conflicto colombiano, el tema de la extracción de los recursos naturales. En lo que sí estamos de acuerdo.

El acuerdo firmado en el puente “El Pescador” por funcionarios enviados por el Ministerio del Interior y la Gobernación del Huila cumple su primer plazo el 30 de agosto de los corrientes, donde se acordó que: el Estado debe tramitar una respuesta escrita de las solicitudes, indagatorias, investigaciones e informes inscritos en el documento de exigencias que el Movimiento por la Liberación y la Defensa de la Madre Tierra ha entregado y difundido. Así como la revisión y la entrega de informes en cada uno de los convenios y pactos incumplidos de carácter nacional y departamental, realizados con indígenas y campesinos. Se acordó que realizarían en Neiva entre el 6 y el 20 de septiembre, con el Alto Gobierno, una Mesa de Compromisos con relación a las solicitudes consignadas en el Acta del Movimiento, así como que al Gobierno le concierne gestionar las condiciones y logística para la realización de la Mesa en Neiva.

La exigencia de las comunidades en Minga es clara en tanto que quieren fuera del territorio las multinacionales que vienen interviniendo en el Huila, la necesidad de tierras para cultivar de los aborígenes y los campesinos; igualmente la defensa del Río Magdalena y todos sus afluentes; en ese orden de ideas recuperar el Páramo de Miraflores de la explotación petrolera, el Macizo colombiano y su biodiversidad. Proponen constituirse en Reserva Humanitaria y Agroalimentaria en  el Quimbo.

Si el Ministro Pearl viene a dar explicaciones sobre por qué no ha pedido la suspensión de licencias en el territorio (las petroleras y las de hidroeléctricas), estaría siendo cortés con las miles de personas que están afectadas por la manera como las transnacionales, no solo se pasan por la galleta las licencias e irrespetan nuestras leyes creándonos grandes perjuicios, sino maltratando nuestros paisanos. Personalmente pienso (y ojalá me equivoque), que viene a decir que las empresas que han construido sin permiso alguno, conductos y vías para sacar nuestros recursos como sucede en Gigante (y admitiera en el Senado de la República), pagarán más caro su negligencia, pero que continuarán haciendo lo que les venga en gana.

El Ministro viene porque necesita engrasar la agenda donde se hace responsable de lo que aquí sucede, aunque no lo pueda hacer. Solo en el caso del Quimbo, el asunto de la legitimidad del proyecto se cae y su solidez legal tambalea con los resultados que seguramente hallará la Contraloría General de la República(1)  con las investigaciones abiertas por el detrimento patrimonial causado a los colombianos por EMGESA-ENEL. Eso sin hablar de los ambientales.

En 1997, el Ministerio del Ambiente defendió la necesidad de realizar un Diagnóstico de Ambiental de Alternativas, DAA, respecto al proyecto el Quimbo, teniendo en cuenta el impacto que éste generaría sobre el componente social como resultado de la afectación de las mejores tierras con vocación agrícola de la región y, por la dificultad de restituir la actividad productiva de la zona para la ejecución del proyecto hidroeléctrico el Quimbo. Este se convierte en el punto de partida del desconocimiento de los derechos de las comunidades y de los daños de tipo ambiental que genera este proyecto.

“Antes de ser aprobada la licencia ambiental, era necesario que esta cartera le manifestara a la empresa si se requería o no la realización de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), estudio que permitiría evaluar y comparar las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos ambientales, y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos (Decreto 1753 de 1994). En otras palabras, este diagnóstico  permitiría dar la voz de alarma sobre el carácter irreversible y la magnitud de los impactos de todo tipo, derivados del proyecto, y sería el instrumento para declarar la inviabilidad del mismo, y el argumento de peso para negar la respectiva licencia… En febrero de 2008, año en que la empresa Central Hidroeléctrica de Betania (Emgesa) comenzó los trámites de solicitud de licencia ambiental para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el Ministerio manifestó que no era necesario el DAA, contrariando con ello lo conceptuado en 1997… … Casi diez años después, el Ministerio afirmaba con precarios argumentos, sin fundamento en estudios técnicos ni conceptos especializados, que el proyecto en cuestión no ameritaba tal diagnóstico, dando con esta decisión el primer paso para el otorgamiento de la licencia ambiental”
http://noalelquimbo.blogspot.com/2012/05/el-quimbo-mucho-mas-que-energia.html

En el 2008 el señor Frank Pearl no era ministro del ambiente, sin embargo en ese momento el ministerio que se ocupa del ambiente en el país ya sufría el menosprecio del gobierno Uribe Vélez, reduciéndolo y equivocando su rumbo en contravía de la voluntad expresada en la Constitución del 91. Tres años después desde el 27 de Septiembre 2011 el señor Pearl es Ministro de Ambiente (de lo que no conoce nada) y Desarrollo Sostenible donde si entra perfectamente su perfil de administrador y economista. Alguien capaz de darle vida a un desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales, concepto este último que rechazan las comunidades y se ha puesto en discusión, pues pone en peligro la soberanía del territorio y el concepto sagrado de la Vida. La naturaleza entera, somos vida y ella hay que respetarla.

Por supuesto estos asuntos son más políticos y tocan, ya no solo al Alto Gobierno sino al principio Constitucional que le da soberanía y poder al ciudadano primario de decidir sobre su destino. Así está consignado en la Carta Magna. Pero también en la legislación; por ejemplo de los Planes de Ordenamiento Territorial, donde se toman decisiones sobre el uso del suelo, de los ríos y en general de los recursos naturales que poseen una localidad. Localidad que son comunidades que se organizan y exigen (no piden), sus derechos pero que obtienen por respuesta la estigmatización y la represión al legítimo derecho a protestar.

¿Vendrá el Ministro a convocarnos a una Audiencia Pública Ambiental como lo permite la ley y se le ha exigido, a anunciarnos la suspensión inmediata del convenio firmado (sin previa consulta a las comunidades), entre Cormagdalena y la multinacional Hidrochina? No lo creo aunque es en estos escenarios donde realmente se juega la paz, donde se construye y se ve la voluntad de las partes involucradas en el conflicto colombiano para alcanzar una reconciliación y un principio de respeto entre los colombianos. Esperemos el día en que venga el señor Frank Pearl Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el Ministro del Interior, el de Agricultura, de Minería y Energía, con el Ministro del Trabajo, con el Presidente como lo han exigido las comunidades afectadas por sus inconsultas decisiones. Si no ¿a qué vendrá el señor Frank Pearl?

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1. Ya tiene varios asuntos atrasados en su gestión y que son contrarios a su credo económico. Adicional al otorgamiento de títulos mineros y licencias ambientales para la fase de explotación de proyectos mineros en los páramos colombianos, existen irregularidades en el otorgamiento o inscripción en el Registro Minero de títulos luego de la expedición de la Ley 1382 de 2010, que prohibió de manera expresa la exploración y explotación minera en los páramos, ha señalado la jefe del ente del control. Morelli también llamó la atención sobre el retraso en la implementación de los planes de manejo ambiental para los ecosistemas de páramo. http://www.portafolio.co/economia/contralora-advierte-danos-ambientales-explotacion



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