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domingo, 15 de julio de 2012

EMGESA-ENEL NO CUMPLE EN EL QUIMBO Y SE LO GARANTIZA LA A.N.L.A


De las obras del quimbo y la verdad de los medios III

El articulo publicado en el Diario La Nación, el siete de Julio del presente año, titulado “Emgesa deberá cumplir compromisos”; hace referencia a la reunión sostenida entre la Autoridad Nacional  de Licencias Ambientales, ANLA, Luz Helena Sarmiento (recordada  por negar la legítima y legal solicitud de una Audiencia Pública realizada por las comunidades afectadas, para evaluar los impactos e inconsistencias del proyecto hidroeléctrico, bajo  el argumento de ser un “diálogo de sordos”) [1]; la gobernadora Cielo González Villa (que espera fallo de la Procuraduría General de la Nación sobre su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos), el Procurador Agrario Diego Vivas, el director de la Corporación del Alto Magdalena, Ariel Borbón (recién reelecto), y los alcaldes del Hobo, Altamira, El Agrado, Garzón y Gigante quienes inician su periodo constitucional y apenas están comprendiendo y asumiendo la dimensión del efecto generado por el proyecto en sus municipios. Dicha reunión se realiza “con el fin de examinar el estado de cumplimiento de los compromisos y exigencias pactados con la multinacional Emgesa”. Allí no participó la comunidad afectada, ni la Contraloría Regional o Nacional o algunas de las tan mentadas veedurías compuestas para dicho fin.

Con el titulo de la nota, queda claro la realidad del proyecto: han pasado más de tres años desde que se inicio y en donde las comunidades organizadas en ASOQUIMBO vienen documentando y reportando al Ministerio de Ambiente y las diferentes autoridades competentes los incumplimientos y violaciones a los derechos de los afectados por parte de la Transnacional Emgesa–Enel; y el gobierno nacional las deja pasar de agache. Más bien reprime las manifestaciones de las comunidades.

Esto es evidente al repasar algunas resoluciones, oficios y autos a propósito del desarrollo del proyecto: Resolución 1096 del 14 de Junio de 2011 mediante la cual se impuso a Emgesa, medida preventiva al reconocer que “la compra de predios está ocasionando una cadena de impactos no previstos que demuestran la urgencia de tener una herramienta para la identificación y valoración de la vulnerabilidad de los distintos grupos poblacionales, para evitar el detrimento del bienestar de las personas desplazadas por este efecto.” La Resolución 1349 del 14 de Junio de 2011, mediante la cual, la CAM  impuso “unas medidas preventivas” a Emgesa que “impidan la continuación de la ocurrencia de actividades que atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales renovables”

Los oficios 1746 y 1749 de 2011 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia que ordeno la suspensión de obras debido al detrimento del patrimonio arqueológico y el tratamiento ilegal de hallazgos arqueológicos por Emgesa. Los Autos No. 015 y 6- 068-11 de 2011 de la Contraloría General de la Nación que abrió indagaciones preliminares contra el MADS, la CAM y el INVIAS, donde se lee que: “se deriva de los análisis y visitas efectuadas y dada la gravedad de las situaciones acontecidas que ponen en riesgo los recursos del Estado y la vida e integridad de los ciudadanos del sector”. A pesar de todas ellas el proyecto continúa.

Por su parte Lucio Rubio Díaz, director General de Endesa, “destacó que la compañía viene cumpliendo con todos los compromisos pactados”, sin ser controvertido por nadie en dicho recinto, según muestra la nota de La Nación.

Es curioso ver cómo, tres años después, la directora de la ANLA, el directivo de Emgesa y la Gobernación del Huila hablan de futuros seguimientos por parte de los entes que representan o de instituciones para esto delegadas, cuando es clara la complicidad que tejen para la realización del proyecto sin responder a las garantía de los derechos de las poblaciones afectadas como es responsabilidad del Gobierno Colombiano; pero y así las cosas, esto no generó suspicacia o pregunta alguna por parte de la periodista.

El diario nos cuenta que en dicha reunión el alcalde de Altamira aborda un  aspecto del proyecto que demuestra la perniciosa incidencia del proyecto en la gobernabilidad de los municipios afectados. Es un asunto de soberanía nacional. Según lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 388 de 1997, “El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.”

A la luz de lo establecido en dicha Ley y el Decreto 4002 de 2004, las revisiones solo pueden emprenderse por iniciativa del Alcalde y en el comienzo de su período constitucional, siempre y cuando haya vencido el término de vigencia de cada contenido; esto querría decir que la declaratoria de interés público de las tierras para el proyecto expedida por el gobierno de Uribe Vélez, va en contravía del mandato constitucional de consensuar con las comunidades y sus autoridades locales y regionales “la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. En este sentido la ahora privatización del Río Magdalena expresada en la resolución 1286 del 30 de Marzo del 2012 por la cual “se autoriza la restricción de la navegabilidad del Rio Magdalena, aguas arriba del Embalse de Betania, durante la construcción de la Represa el Quimbo” es incomprendida por quienes han vivido de él durante generaciones.

Sin embargo, para no volver atrás en el tiempo, la pregunta que surge entonces es ¿quién está realizando la revisión del POT en los municipios afectados por el proyecto? ¿Será la misma Emgesa? ¿Qué dicen las autoridades (Gobernación, Contraloría, Procuraduría Agraria y demás) sobre el asunto?

Mientras las comunidades afectadas esperan respuesta a los diferentes recursos jurídicos interpuestos de medidas cautelares, restablecimiento y garantía del derecho; el gobierno colombiano se ha encargado de dar toda la viabilidad y garantía jurídica a la Transnacional para que atropelle a los afectados. Al levantar las sanciones impuestas a la empresa sin que ésta repare e indemnicé por los daños  que dieron lugar a dichos actos administrativos, el gobierno muestra que su participación no es pasiva, cosa que registra muy bien Emgesa en su página en el link de componente ambiental haciendo una relación de los actos administrativos que le aseguran jurídicamente su operación.

Seguramente la directora de la ANLA y sus convidados salieron satisfechos con la reunión. Paradójicamente el jueves 12 de los corrientes, Humberto Suaza escribe en La Nación que “Campesinos de la zona de La Escalereta y Balseadero taponaron la vía de ingreso a la vereda en señal de protesta por la destrucción de sus viviendas por parte de Emgesa, sin tener en cuenta las reubicaciones y el pago de compensaciones.”  La realidad de las obras del Quimbo pareciera alejarse de la verdad que los medios desdibujan al no contextualizar la información que proporcionan.



Carlos Ernesto Gómez Sánchez
Director
Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS


Pdt: Por toda la avenida circunvalar de Neiva se pudieron ver los carteles que se destacaron diciendo que el “Quimbo es energía para el Huila”, vendiendo una idea que no responde a la realidad. La energía que produciría eventualmente el Quimbo es para exportar.


[1] (ver minuto 5:25)

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