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jueves, 23 de febrero de 2012

En El Quimbo, primero la obra y después la licencia



En El Quimbo, primero la obra y después la licenciaAnte el anuncio del desvío del río Magdalena para el próximo 14 de febrero, las comunidades del centro del Huila han reiniciado el Paro Regional por la Defensa del Territorio. La lucha de este sector del país ha sido intensa, y en su primera fase –paro del 3 al 17 de enero– lograron parar la obra y que el Gobierno nacional citara para la conformación de mesas temáticas de control y seguimiento sobre los problemas generados en el Huila por la obra. Los acuerdos fueron incumplidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. El país en vilo por el ataque que sufre el más importante de sus ríos.


Quieren río sin gente


La reactivación del paro se inicia con el llamado a concentrarse a orillas del río Magdalena para evitar su desviación por un túnel de aproximadamente 800 metros. Esta desviación estaba programada por parte de la empresa para los días 8 y 9 de febrero y tenía como objetivo comenzar las obras correspondientes al punto donde necesitan interrumpir el río para construir la hidroeléctrica. Llegada la fecha, los representantes de la protesta son llamados a reunirse en Bogotá con el Ministerio del Interior para discutir la situación, de cuyas deliberaciones surge un preacuerdo para presentárselo al Ministerio del Medio Ambiente, quien no se compromete y tampoco adelanta la convocatoria a la audiencia pública acordada desde el 18 de enero.


En el preacuerdo se le solicita al Ministerio del Medio Ambiente: actualizar el censo realizado; identificar los impactos de índole socio-económica, cultural y ambiental; establecer las compensaciones, realizar los estudios, y hacer seguimiento y control. De ser aceptadas las peticiones, Asoquimbo se compromete con el retiro de los manifestantes de la orilla del río para el normal desarrollo de las obras, en la medida en que la empresa garantice el mínimo vital de las comunidades mientras se establecen las condiciones definitivas de reasentamiento y compensaciones. La licencia que otorgó el gobierno de Uribe se pasó por la faja la realización seria de estos cinco puntos.


El silencio del Ministerio va de la mano con la orden de desalojo programada por parte de la Alcaldía de Paicol para el martes 14 de febrero, en razón de que la empresa solicitó amparo policivo por considerar que los pescadores estaban invadiendo la margen del río.


Más de un mes


En los primeros 15 días de protesta, la comunidad se ubicó en el puente Paso El Colegio, entre los municipios de Paicol y Gigante, en la vía a La Plata. Desde allí lograron paralizar las obras mediante el bloqueo de la entrada. Posteriormente, la comunidad se trasladó a cinco minutos de allí, sobre un costado del río, para protegerlo y evitar su desvío, mientras en la margen de enfrente se encuentra la empresa Endesa Engesa. Más exactamente la comunidad se ubicó en la playa de la vereda Domingo Arias (Paicol). Estos son los lugares donde se ha venido concentrando la protesta según las circunstancias.

En el lugar han llegado a reunirse aproximadamente hasta 500 personas. Como algunas personas o delegaciones no pueden estar todos los días, salen a cumplir con sus obligaciones cotidianas y regresan pasadas algunas horas o algunos días. Por su parte, la fuerza pública también se ha instalado en este mismo sitio, tanto Policía como Ejército, lo mismo que el infaltable Esmad, grupo que tiene como prioridad evitar el bloqueo a la entrada de la obra.


El Ministerio le tiene miedo a la Audiencia Ambiental


En la mesa de diálogo sobre la problemática generada por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, la exploración petrolera de los municipios de Gigante-Garzón del proyecto llamado VSM32 de la empresa Emerald Energy y la destrucción de vías en el Suroccidente del Huila, el día 17 de enero en Bogotá entre el gobierno y la comunidad, se llegó a un acta de compromisos y acuerdos que contemplaba: la realización de la Audiencia Ambiental, el desarrollo de mesas temáticas de control y seguimiento que recogieran la información para la audiencia con el acompañamiento de los entes de control, el compromiso del Ministerio de tomar medidas para proteger los derechos humanos de los afectados y del medio ambiente a partir del resultado de las mesas del día 3 de febrero y detener el desvío del río Magdalena programado para el día 8 y 9 de febrero.


El día 25 de enero, cuando comenzaron las mesas temáticas, el Ministerio se retira con el argumento que una parte de los manifestantes no se había retirado y se mantenían concnetrados sobre la margen del río. Es necesario aclarar que estos manifestantes ya no están haciendo bloqueo a la entrada de las obras y muchos de ellos son pescadores que trabajan en esta zona.


A pesar de las dificultades, las siete mesas instaladas (pescadores, campesina, transportadores y mineros, ambiental, vías y de evaluación) se desarrollan con la presencia de funcionarios asignados de los Ministerios de Agricultura y Trabajo, el ICA y el Incoder, y se sumaron la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas mesas contaron con la presencia de aproximadamente 3.000 personas y sus resultados concluyeron que en la región se vive una crisis humanitaria generada por el megaproyecto El Quimbo. 


Pese a esto, el Ministerio del Medio Ambiente no procedió con el aval para la realización de una Audiencia Pública Ambiental, debate que es necesario encarar porque la actual licencia y el comienzo del proyecto fueron impuestos por el gobierno de Uribe de manera irregular, proceso que hasta ahora no ha sido replanteado por la administración de Santos.


¿Quién es el invasor?



¿La empresa española Endesa Emgesa o los pescadores que históricamente han permanecido en este territorio? Ante el hecho de calificar a los pescadores de invasores por permanecer en la margen del río, Asoquimbo solicitó amparo policivo a los bienes de uso público, con fundamento en la Ley 1242 de 2008, que declara como bien de uso público una franja de terreno que se extiende 30 metros por cada lado del cauce de los ríos de la nación; y la Ley 13 de 1990, que reconoce la actividad pesquera como de utilidad pública e interés social. En la misma solicitud se exige que se esclarezca el uso abusivo de la margen del río Magdalena y las invasiones a los bienes de uso público de la nación por parte de la empresa Engesa S.A.


Crisis humanitaria


Desde hace cuatro años, Asoquimbo investiga y denuncia la problemática de El Quimbo, a la cual el Gobierno ha prestado oídos sordos. Esta problemática se ha incrementado, y hoy, con el resultado de las mesas de seguimiento y control, se evidencia que en la región se presenta una crisis humanitaria. que obedece a la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, los daños al patrimonio arqueológico, el riesgo sísmico y la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sostenible.


La crisis bien pudiera multiplicarse de hacerse realidad la construcción de la represa. Pero, además, extenderse a otras regiones a partir de las consecuencias que tendría el embalse del río, sumado a los cambios climáticos que de manera notoria padece el país.


De ser así, la lucha de Asoquimbo y otras comunidades del Huila –para que el maltratado río Magdalena sobreviva–, debiera ser la lucha de todo el país. ¿Qué se dice en el interior y en la costa norte colombiana?

por  Carlos Valbuena

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